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Diario Expreso Ecuador

Jueces deben reportar al Consejo de la Judicatura la revocatoria de visas estadounidenses

El organismo pide a Cancillería que le ayude a obtener información de los funcionarios que perdieron el documento para constatar si están en funciones

El Consejo de la Judicatura asegura que ha sancionado a más de 200 funcionarios en tres años.

El Consejo de la Judicatura asegura que ha sancionado a más de 200 funcionarios en tres años.Archivo/EXPRESO

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El Consejo de la Judicatura (CJ) anunció este 11 de enero de 2022 que requerirá a todos los jueces del país que informen de manera oficial si sus visas para ingresar a los Estados Unidos han sido revocadas.

La medida llega un día después de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador dio a conocer que ha retirado el documento para ingresar a su territorio a jueces y otras personas que trabajan en los sectores legales y judiciales.

Además, la Judicatura solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice los contactos que ameriten con las autoridades estadounidenses, para intercambiar información y constatar si estos funcionarios a los que se refiere ya fueron destituidos o continúan en funciones.

En un comunicado, el CJ informó que a través de los controles disciplinarios que realiza regularmente ha destituido desde 2019 a 240 servidores judiciales: 75 jueces; 44 agentes fiscales; 13 defensores públicos; y 108 servidores administrativos.

También, se han ejecutado 177 sanciones de suspensión y 417 sanciones con multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.

El 10 de enero, la Embajada de Estados Unidos adelantó que para las leyes de ese país los registros de visas son reservados y por lo tanto no hará comentarios sobre casos individuales.

Añadió que se están tomando muy en serio el tema de la corrupción y seguirá revisando cuidadosamente las visas que ya han sido otorgadas, así como las solicitudes que han ingresado.

“La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de los ciudadanos. Impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instituciones. Cabe señalar que en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado, igualmente involucrado”, señala el documento emitido por las autoridades estadounidenses.

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