Precio mínimo en Ecuador: se reabre debate sobre su desempeño en el mercado agrícola

El precio mínimo de sustentación (PMS) se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario. Mientras la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional prepara el informe para segundo debate, el documento técnico recomienda “reconsiderar” esta herramienta, al sostener que puede generar distorsiones en el mercado. En su lugar, plantea alternativas como aranceles cero para insumos y un mayor control a los intermediarios, medidas que, según el propio informe, podrían "eliminar la necesidad" de fijar precios mínimos. 

Sin embargo, en una aparente contradicción, el articulado del proyecto no solo mantiene el PMS, sino que lo amplía al incorporar otras propuestas legislativas —como las de la pitahaya y la papa— que establecen precios mínimos para estos cultivos. Esto reabre un debate de fondo: si el Estado debe seguir interviniendo en la formación de precios agrícolas o migrar hacia otros mecanismos.

El informe para primer debate, tramitado el 27 de enero, define al precio mínimo de sustentación como un mecanismo mediante el cual el Estado fija un valor base para productos agrícolas —como el banano, arroz, maíz, entre otros- con el fin de cubrir costos de producción y garantizar una "rentabilidad moderada". La medida aplica especialmente en contextos de alta volatilidad.

Desde el propio informe se advierte que la fijación de precios puede generar distorsiones, pues "establecer precios mínimos por encima del nivel de mercado pueden provocar excedentes que terminen perjudicando al consumidor" —que paga más— o al Estado, que debe sostener la medida. Cabe anotar que el informe no atribuye estas conclusiones a expertos, ni las vincula formalmente a comparecencias o estudios del proceso legislativo.

Para David Singaña, investigador del Observatorio del Cambio Rural (OCARU), el PMS no distorsiona el mercado, sino que busca corregir una falla preexistente: la cadena de suministros es tan larga y con tantas carencias de infraestructura que el productor queda a merced de quien tiene capacidad de sacar el producto. En 2022, bienes de la canasta básica que costaban 100 dólares en la finca llegaban al consumidor a 168: ese 68% se quedaba en la cadena. Eliminar el PMS, advierte, no resolvería estas fallas —que afectan tanto al productor como al consumidor final— sino que podría profundizarlas.

Esa misma falta de infraestructura se refleja en el campo. Carmen Zapatier, vicepresidenta de la Cámara de Agricultura de la II Zona, explica que la brecha en el caso del maíz también ocurre porque los productores carecen de infraestructura de secado para entregar el grano en las condiciones que exige la industria. Sin embargo, aclara que el sector busca alianzas para dar un valor agregado a la producción de maíz.

Además Zaptier apunta que el incumplimiento es otro desafío: intermediarios pagan entre $11 y $11,50 por quintal de maíz, frente al PMS de $17,45 fijado esta semana por el ministro Juan Carlos Vega. El sector rechaza además el valor fijado esta semana para el maíz: "Nunca estuvimos de acuerdo. No esperábamos menos de $18,50, al menos, y $20 de techo", afirma Zapatier, quien señala que la decisión ignoró el alza de costos y el impacto de la guerra arancelaria en los insumos. Los efectos más visibles, advierte, llegarán en la temporada de verano, cuando los insumos ya no estén comprados de antemano.

Por su parte, el sector arrocero ya comunica preocupación. El precio establecido para 2025 se mantiene vigente en el arroz mientras se convocan mesas técnicas para evaluar un ajuste. José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, es directo: el ministro de Agricultura no se reúne con los productores, solo con la industria. "No existe voluntad política de parte del gobierno nacional para solucionar los problemas del sector arrocero", afirma. Los productores esperan participar próximamente mesas técnicas para discutir incrementos de precios.

El informe también plantea que precios regulados podrían desincentivar la calidad y la innovación. No obstante, el acceso al PMS ya está condicionado al cumplimiento de estándares técnicos: en el arroz y maíz se exigen porcentajes máximos de humedad e impurezas, mientras que en la leche las clasificaciones de calidad determinan el precio final.

El PMS no funciona solo

Además, el documento propone dos alternativas principales a los PMS: la eliminación de aranceles a insumos agropecuarios para reducir costos sin intervención directa en precios, y la regulación del rol de los intermediarios, cuyas asimetrías de poder concentran una parte significativa del valor generado por el productor.

Ninguna de las dos alternativas está libre de cuestionamientos. Singaña advierte que los aranceles cero beneficiarían principalmente a las importadoras, profundizarían la dependencia del sector frente a insumos externos y reforzarían un modelo intensivo en fertilizantes cuyo precio está expuesto a coyunturas globales. Sobre el control de intermediarios, el historial del propio PMS —cuyo incumplimiento es reconocido incluso en el informe— cuestiona la efectividad: "¿Cómo van a operar los controles mientras el Estado se reduce?".

Para conocer sobre la capacidad de control actual Diario Expreso solicitó datos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) sobre denuncias receptadas por la Subsecretaría de Comercialización sobre incumplimiento del PMS, sanciones y operativos realizados. Además de una entrevista para conocer la postura y evaluación técnica del PMS. Hasta el cierre de esta edición, la cartera de Estado no había respondido.

Jeaneth Torres, docente de la Business School de la UIDE, señala que ningún país en desarrollo ha encontrado solución en eliminar el precio mínimo, sino en complementarlo. Países como Brasil y India apuntan a apoyarse en: crédito agrícola a través de la banca pública, infraestructura de almacenamiento, contratos de compra anticipada del Estado y centros de acopio que acorten la cadena de comercialización son, a su juicio, los pilares que deberían acompañar —y no reemplazar— al PMS.

Banano: el único gran agroexportador con PMS

El banano fue el primer producto en contar con un PMS en Ecuador, desde la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano de 1997. Casi tres décadas después, sigue siendo el único sector de exportación con esta figura —a diferencia del camarón, el cacao o la pesca—, una singularidad que, según Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), le impide reaccionar con la misma agilidad que otros sectores ante los cambios del mercado internacional.

Salazar pone al cacao como ejemplo: sin precio fijo ni restricciones normativas, Ecuador aprovechó la caída global de la oferta para disparar su producción y exportación. Con el banano, dice, esa adaptación no es posible en los mismos términos.

El documento también advierte además que la fijación de precios limita la libre negociación entre actores del mercado. Desde esta perspectiva, la intervención estatal reduce la capacidad de ajuste natural del mercado frente a cambios en la oferta y la demanda. En respuesta, Torres recuerda que el PMS nació precisamente porque no existe un mercado con competencia perfecta: "tenemos mercados con monopolios, oligopolios, entonces el gobierno trata de dar ese control y corregir estos desequilibrios". Para ello el Estado con alguno mecanismos: 

• la Subsecretaría de Comercialización del MAGP
• La Fiscalía General del Estado a través de una denuncia por agiotaje
• La Superintendencia de Competencia Económica (antes denominada Superintendencia de Control del Poder de. Mercado)

Sin embargo, Torres advierte que cada cultivo y comercialización de los mismos debe analizarse por separado: lo que aplica para el arroz no necesariamente funciona en otros productos de exportación.

Finalmente, Salazar apunta a una realidad concreta a considerarse dentro del proyecto de ley en desarrollo: "el 55% de las exportaciones bananeras ecuatorianas se realizan actualmente bajo modalidad spot" —es decir, al precio negociado semanalmente según el mercado— una práctica que la normativa vigente no contempla. Su postura no es eliminar el PMS, sino que la legislación reconozca esta modalidad como complemento legal al PMS.

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