El éxito del sector atunero de Ecuador le pone fin a años de diésel subsidiado

La bonanza atunera de 2024 marcó el final de una era para la industria atunera ecuatoriana. Ayer, el Gobierno Nacional anunció oficialmente el retiro del subsidio al diésel para la flota industrial, una medida que pone fin a años de apoyo estatal a uno de los sectores productivos más importantes del país.

El anuncio llegó de la mano de Carolina Jaramillo, nueva vocera gubernamental, quien en su primera intervención pública justificó la decisión por el desempeño económico que tuvo el sector durante el año pasado. Las cifras oficiales difieren con los registros del sector (ver gráfico), pero coinciden en mostrar el buen 2024 que tuvo la industria atunera. Estos niveles, según el Gobierno, alcanzaron los $1.641 millones en ingresos tras la captura de 564.997 toneladas, que representan un aumento de más del 21 % en comparación con el promedio de otros años.

“Esta industria tiene ahora la capacidad de asumir el costo real del combustible sin comprometer su competitividad”, explicó Jaramillo, quien señaló que solo 29 empresas, las más grandes del sector, absorben el 60 % del valor del subsidio. En 2024, este beneficio representó un gasto estatal de $42 millones, una cifra que se muestra menor frente a los $1.500 millones anuales destinados al subsidio general del diésel.

La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) y la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec) rechazaron la medida que entrará en vigencia, vía Decreto Ejecutivo, desde las 00h00 de este 4 de junio de 2025. A través de un comunicado, señalaron que esta tendrá un impacto en los costos operativos, la competitividad internacional y el dinamismo de uno de los principales sectores productivos del país.

“El combustible representa entre el 30 % y 36 % de los costos de faena de pesca de las embarcaciones atuneras, por lo que el incremento de este insumo productivo afectará la competitividad del Ecuador en mercados estratégicos como la Unión Europea, que es el destino del 60 % de las exportaciones atuneras del país, que demanda cumplir con normas de origen que solo se garantizan con pesca nacional, que hoy abastece más del 50 % de su demanda”.

Un año excepcional

Guillermo Morán, exviceministro de Pesca y actual gerente de Tunacons, no tardó en cuestionar los fundamentos de la decisión gubernamental.

Lo que vivió el sector atunero el año pasado, respecto a sus capturas y ventas, “es algo excepcional, que quizás no vuelva a repetirse en 20 años”, advirtió Morán, quien atribuye los buenos resultados al fenómeno de El Niño del 2022 y 2023, pues las altas temperaturas del agua generaron nuevas poblaciones y, con ello, mejores capturas en el 2024. Según su análisis, basar una política pública en resultados extraordinarios podría ser un error de cálculo. “De hecho, las capturas de algunas especies ya han empezado a bajar este año y posiblemente volveremos a la normalidad de lo que fue el 2022”, manifestó.

El experto expresó su preocupación por el impacto en la competitividad de un sector que emplea a 4.000 personas solo en la operación de flota, pero que multiplica el empleo en más de 20.000 plazas en plantas procesadoras.

“Cada armador deberá calcular cuánto esto podría afectar sus costos, pero sin duda la eliminación del subsidio restará competitividad al país frente a otras industrias internacionales”, pronosticó, mencionando específicamente los casos de China, España, Francia, Estados Unidos, cuyos gobiernos mantienen ayudas similares para sus flotas pesqueras.

Un crédito diseñado para el sector atunero

Consciente del impacto que podría generar esta decisión, el Gobierno anunció un esquema de compensaciones. Jaramillo explicó que el Banco del Pacífico habilitará líneas de crédito por hasta $42 millones, respaldadas por la Corporación Financiera Nacional (CFN) a través del Fondo Nacional de Garantía.

Estos créditos cubrirán hasta el 75 % del riesgo asumido por la entidad financiera al conceder préstamos a empresas del rubro atunero. La tasa de interés establecida será del 6 % anual, con el objetivo específico de incentivar la renovación de flotas y la inversión en motores más eficientes, promoviendo prácticas más sostenibles dentro del sector.

Sin embargo, la oferta de crédito estaría por debajo de los $60 millones y más de financiamiento que, según la CNP, requiere este sector para empezar a reemplazar una flota que ya tiene más de 40 años de vida.

Morán, por su parte, alertó sobre las limitaciones temporales de su implementación. “Si se dan estos créditos podrían ser oportunos, pero cambiar un barco toma de dos a tres años. Cambiar un barco industrial no es tan fácil”.

Los próximos meses, señaló el experto, serán cruciales para evaluar cómo el sector podría adaptarse a esta nueva realidad económica y si logrará mantener su posición de liderazgo en los mercados internacionales.

La decisión gubernamental forma parte de una estrategia más amplia para focalizar los subsidios hacia quienes “realmente los necesitan”, según la vocera oficial. Tras esta decisión, el diésel con tarifa diferenciada se mantiene para sectores considerados prioritarios: el transporte automotor, la generación eléctrica y, especialmente, la pesca artesanal.

Esta no es la primera vez que un gobierno intenta avanzar en su plan de eliminación de subsidios. En el 2022, Guillermo Lasso retiró la ayuda para las camaroneras con fincas de más de 30 hectáreas productivas, lo que dejó un ahorro de $160 millones a la caja fiscal.

En junio de 2024, en cambio, Noboa, durante su primer periodo de gestión, aplicó un sistema de bandas que hace que los precios de las gasolinas extra y Ecopaís fluctúen de acuerdo con los precios internacionales del petróleo, un mecanismo que ha ayudado a mermar la intervención estatal.

Cinco medidas compensatorias

El sector atunero solicitó al Gobierno nacional viabilizar cinco acciones urgentes a través de una mesa técnica público-privada, para compensar la eliminación del subsidio al diésel.

Uno de los primeros pedidos es que se libere la importación de combustible, sin intermediarios ni trabas burocráticas, permitiendo a las empresas acceder directamente al diésel.

En la lista se habla también de eliminar el ISD y los aranceles sobre combustibles, insumos y equipos pesqueros, para así reducir los costos operativos.

Por otra parte, se menciona la necesidad de aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo, que establece tarifa cero de IVA para insumos y maquinaria pesquera, norma que lleva siete años sin ejecutarse.

También se cita una eliminación gradual del subsidio, que permita al sector adaptarse progresivamente a los nuevos costos operativos. Asimismo, activar una línea de crédito especializada para modernizar y repotenciar la flota atunera con tecnología más eficiente.

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