Sector pesquero
Pescadores industriales advierten que el alza en costos por el diésel afectará su actividad.Referencial - Canva

Sector pesquero rechaza fin del subsidio al diésel: advierte impacto en empleo

Gremios pesqueros rechazan eliminación del subsidio al diésel y advierten impacto en empleo y exportaciones

La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) y la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) se pronunciaron oficialmente tras el anuncio gubernamental hecho el 2 de junio por la vocera Carolina Jaramillo. Ambas entidades coincidieron en que el retiro del subsidio al diésel representa un fuerte golpe para la operatividad de una de las industrias productivas más importantes del país.

Según cifras compartidas por el gremio, el sector atunero consume apenas el 2,8% del total del diésel nacional, mientras que todo el sector pesquero representa solo el 4%. Con precios actuales, el subsidio para el sector alcanza los $ 14,4 millones anuales, cifra que —según los gremios— no tiene un impacto relevante en la crisis fiscal del país, pero sí en la cadena de valor de la pesca nacional.

“El combustible representa entre el 30% y el 36% de los costos de faena”, detallaron en un comunicado. Ese aumento, según CNP y ATUNEC, afecta directamente la competitividad frente a otros países en mercados clave como la Unión Europea, que demanda normas de origen que solo se garantizan con pesca nacional. Ecuador abastece más del 50% de esa demanda, por lo que una reducción en el suministro podría poner en riesgo su posicionamiento internacional, explican.

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El subsidio se mantendrá para las embarcaciones de pesca artesanal, mientras el sector atunero podrá acceder a créditos respaldados por el Estado.
El subsidio se mantendrá para las embarcaciones de pesca artesanal, mientras el sector atunero podrá acceder a créditos respaldados por el Estado.Gustavo Guamán

Los argumentos del sector pesquero y sus pedidos

En 2024, las exportaciones pesqueras ecuatorianas alcanzaron los $ 2.257 millones, de los cuales el 70% correspondió a productos atuneros de alto valor agregado, señala el comunicado. Además, la actividad genera cerca de 100 mil empleos directos e indirectos. Por ello, los gremios aseguran que el subsidio ha sido una herramienta clave para sostener la competitividad y el empleo en condiciones económicas adversas.

Frente a esta situación, el sector solicita al Ejecutivo la instalación urgente de una mesa técnica público-privada, desde la cual se viabilicen cinco medidas:

  1. Autorizar la libre importación de diésel sin intermediarios ni trabas burocráticas.
  2. Eliminar el ISD y aranceles sobre combustibles, insumos y equipos pesqueros.
  3. Aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo, que establece tarifa cero de IVA para insumos y maquinaria del sector pesquero.
  4. Implementar una eliminación gradual del subsidio que permita al sector adaptarse.
  5. Establecer una línea de crédito para modernizar y repotenciar la flota atunera.

Los gremios concluyeron su pronunciamiento ratificando su voluntad de colaborar con el Gobierno, pero recalcaron que las decisiones deben considerar el peso económico, social y laboral del sector. "El subsidio al diésel ha sido una política pública estratégica para sostener una actividad que sostiene divisas, empleo y soberanía alimentaria", puntualizaron.

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El Gobierno defiende la eliminación del subsidio 

Desde el Ejecutivo se argumenta que la eliminación del subsidio responde a la buena salud financiera del sector atunero. Según la vocera Carolina Jaramillo, las cifras demuestran que la industria tiene capacidad para absorber el precio real del combustible.

También argumenta que el 60% del subsidio era absorbido por solo 29 grandes empresas atuneras, lo que, según el Gobierno, distorsiona el sentido social del subsidio.

El presidente Daniel Noboa —según Jaramillo— busca redirigir los recursos hacia los sectores que verdaderamente los requieren, como las embarcaciones de pesca artesanal, que sí continuarán recibiendo el subsidio, bajo la visión de política pública de optimizar los recursos estatales, fomentar la eficiencia y compensar a los sectores estratégicos mediante líneas de crédito para modernizar su operatividad.

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