Descontrol con lo decomisado a los narcos
Armas y otros bienes decomisados durante el operativo ‘Torres Gemelas’, de 2006, fueron sustraídos y no recuperados por las autoridades. En el caso se trató de una red de lavado de activos.
Los operativos, incautaciones y decomisos de bienes vinculados al narcotráfico enfrentan un tropiezo dentro del gobierno. Las autoridades encargadas de su custodia no cumplen su función y dejan ‘fugas’ que permiten que algunos artículos desaparezcan. Esa es la conclusión del último examen de la Contraloría General del Estado a la extinta Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas.
El descontrol se evidenció, por ejemplo, en la pérdida de joyas y relojes incautados en 2015. Nadie respondió por ellos, pese a que ingresaron a las bodegas de la entidad que suprimió el presidente Lenín Moreno en abril.
Dichas bodegas se ubican en el Banco Central. Contraloría señala que cajas metálicas selladas ingresaron a los locales, pero nadie verificó su contenido. Apenas 196 días después (el almacenamiento inició el 28 de diciembre de 2015) los encargados se percataron de que las joyas y relojes que supuestamente debían estar en las cajas metálicas no aparecían.
El monto de la pérdida es indeterminado porque no se registraron los bienes. El caso, hasta el cierre del examen especial, fue reportado a la Fiscalía General del Estado y está en indagación previa.
EXPRESO consultó con la extitular de la Secretaría, Ledy Zúñiga, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
El informe DNA1-0045-2018 de Contraloría determina que las desapariciones se extendieron hasta armas incautadas en diferentes operativos. En 2010, el entonces Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) recibió armas y municiones, pero siete años más tarde se detectaron anomalías. “En el levantamiento del inventario del 23 de enero de 2017, en la caja fuerte de la institución no se encontró ocho ítems avaluados en 3.365,90 dólares, valores que no se recuperaron al no encontrarse asegurados”, concluye el ente de control.
Las entidades a cargo del control de los artículos incautados tampoco implementaron “procedimientos de control para la administración y custodia de 2.340 bienes muebles bajo su responsabilidad”. Dichos artículos se perdieron y no hay una valoración exacta.
Un aproximado de Contraloría, sobre la base de los valores de 677 de esos bienes, habla de pérdidas superiores a los 124.486 dólares. El caso está en la Fiscalía General desde 2016.
No solo hubo vacíos en el control de artículos pequeños. Incluso en los bienes inmuebles y los vehículos hay errores. En Imbabura, por ejemplo, no se siguieron los requisitos legales para arrendar bienes. La consecuencia es que no existe un adecuado control de los valores que ingresan por la renta de inmuebles.
Un caso similar se reporta en las direcciones seccionales de las instituciones que supervisan lo retenido. En Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Napo, Tungurahua, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Austro, Suroriente, Loja y el Litoral no se ordenaron verificaciones de los inmuebles. Es decir, no se verificó “la existencia, ubicación, estado” de lo reportado.
La falta de eficiencia provocó que entre enero de 2011 y agosto de 2017 haya afectaciones al Estado y a su política de combate al narcotráfico.
Inmobiliar debe controlar
El informe de la Contraloría General analiza la gestión de varias entidades. Aunque se enfoca en la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, las recomendaciones se extienden hasta el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).
Ante el cierre de la Secretaría, ordenado por el presidente Lenín Moreno, la Contraloría notificó a Inmobiliar, el 13 de julio de este año, para que aplique las modificaciones de control en bodegas y oficinas. Las direcciones que se mencionan en el informe, por ejemplo, son de Inmobiliar.
La entidad lleva adelante, además, subastas y ventas de bienes que están en manos del Estado y que pueden generar recursos adicionales. Hay ventas de autos en espera.
