Hay que dimensionar la sentencia. La Corte Constitucional, en su sentencia sobre el caso de la mona chorongo Estrellita, dispone que la Defensoría del Pueblo elabore un proyecto de ley sobre los derechos de los animales.

Además, en el desarrollo del documento, el Tribunal concluye que los animales sintientes están sujetos a derechos, aunque estos no puedan ser equiparables a los que gozan los seres humanos. Los grupos animalistas señalan que hay que considerar el alcance que tiene el pronunciamiento de la Corte, mientras los constitucionalistas discrepan con su análisis.

La abogada del Movimiento Animalista Nacional (MAN) del Ecuador, Tatiana Rivadeneira, califica la sentencia como "una conquista increíble". Esto porque, según Rivadeneira, el Tribunal equipara los derechos de los animales con los ya otorgados a los de la naturaleza.

"Se reconoce el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y hasta del buen vivir", añade Rivadeneira y puntualiza que con el proyecto de ley "hay que determinar los mecanismos para garantizar su ejercicio (de los derechos)". Asimismo, avizora problemas.

"La Corte es bastante amplia en su decisión", indica Rivadeneira y continúa explicando que "por ejemplo, los seres humanos tenemos derecho al trabajo y para ejercerlo tenemos un Código y una institucionalidad alrededor. En el caso de los animales, se reconoce el derecho de la alimentación, ¿Cómo vamos a garantizar eso?"

Por ello, Rivadeneira destaca que "sería interesante que se determine que habrá un presupuesto y una institucionalidad para el ejercicio de sus derechos". Además, resalta que la verdadera discusión se dará en la Asamblea Nacional.

Por su parte, el constitucionalista Ismael Quintana considera que el fallo de la Corte "nos mete en un gran problema". Esto porque la Constitución no determina que los animales, como tal, son titulares de derechos fundamentales, sino que, según Quintana, es la naturaleza quien tiene derechos en su conjunto.

"¿Realmente los animales van a poder ejercer, a través de terceros, la activación de garantías jurisdiccionales?", se cuestiona Quintana y añade que es un tema que "torpemente" se trata en la sentencia de la Corte. Asimismo, destaca que la decisión del Tribunal "va en contra de la teoría de las garantías constitucionales", ya que estas fueron diseñadas, originalmente, para la protección de la dignidad de los humanos.

A diferencia de la abogada Rivadeneira, Ismael Quintana considera que hablar de institucionalidad para cumplir la sentencia puede caer en duplicar funciones y, en el caso de los recursos, "destinar dinero que no tenemos". También destaca que ya existen instituciones e instrumentos que tienen ese tipo de competencias como el Ministerio del Ambiente, el Código Orgánico del Ambiente, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entre otros.

"No soy de los que cree que los animales no deben tener algún grado de protección", dice Quintana, pero puntualiza que "una cosa es que los animales sean objeto de protección y otra es la torpeza de elevarlos como sujetos de derechos como lo somos las personas".

Por otro lado, la vocera de la Fundación Rescate Animal y participante del proyecto de Ley de Bienestar Animal, Inti Alvarado, discrepa con Quintana y dice que "ese es el típico discurso cuando se avanza en derechos". Asimismo, destaca que hay ámbitos que revisar porque "la Corte, en su sentencia, hace alusión expresa, por ejemplo, de las prácticas humanas orientadas al consumo de animales" y esto, según Alvarado, "da pie a que también se tenga que regular cómo se va a dar ese consumo en el marco de brindarles bienestar (a los animales)".

En ese sentido, Alvarado desestima la idea de crear más instituciones, pero sí hace hincapié en que hay que revisar cómo el Estado protege a los animales para saber si es necesario o no tener organismos nuevos o nuevas regulaciones en el país. "La reforma es bien amplia", reconoce Alvarado e indica que empieza por lo civil, pero abarca mucho más.

• Ministerio del Ambiente

La Corte dispone que la Cartera de Estado, en dos meses, cree un protocolo para los animales decomisados y sus cuidadores.

• Defensoría del Pueblo

La entidad tendrá seis meses para elaborar el proyecto de ley con aportes ciudadanos.

• Asamblea Nacional 

El Parlamento, según la sentencia del Tribunal, deberá debatir y aprobar el mencionado proyecto de ley en un plazo máximo de dos años.