Cuatro servidores judiciales de las provincias de El Oro, Pichincha y Chimborazo fueron destituidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), durante sesión ordinaria realizada el pasado 8 de abril.

Según información remitida por la Judicatura, dos de los exservidores se desempeñaban como ayudante judicial de la Unidad Multicompetente del cantón Arenillas y asistente administrativo de la Dirección Administrativa de la Fiscalía General del Estado. Ambos fueron destituidos por haber “abandonado el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o más de cinco días no consecutivos injustificados en un mismo mes”, conforme lo establecido en el artículo 109 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Igual medida se adoptó con un exsecretario del juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, quien fue destituido por haber retenido indebidamente documentos procesos o bienes de la Función Judicial o de terceros, que se encuentran en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado. El CJ detalló que mientras ejercía su cargo como secretario retuvo el 10 % del valor de un bien rematado en un juicio ejecutivo. Lo más asombroso es que el exservidor ya había sido sancionado por la Judicatura en 15 ocasiones anteriores.

Finalmente, un juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo fue destituido por incurrir en una falta disciplinaria, referente a manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la Función Judicial. Según la Judicatura, ejerciendo facultades que no correspondían a su cargo de juez, el exfuncionario ingresó al Sistema Automático Judicial Ecuatoriano (Satje) desde un usuario que no le pertenecía , a fin de “sentar una razón” dentro de un proceso judicial con una fecha anterior, lo que le costó el puesto.

La Judicatura dejó sentado que tomó esas acciones dentro del marco de su primer eje de gestión de lucha contra la corrupción, ejerciendo su facultad disciplinaria con el objetivo de garantizar la eficiencia, transparencia y ética en la provisión del servicio de justicia.

Otra de las decisiones que se tomó en la misma sesión fue la aprobación de un informe de promedios de resolución de la materia de Garantías Penitenciarias, para que los jueces de esa área resuelvan en promedio 76 causas por mes. El objetivo de esta resolución, según se indicó, es mejorar el desempeño de los servidores y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

La entidad señala que esta metodología se aplicará únicamente a los jueces en esa materia a nivel nacional y servirá de insumo para medir su nivel de productividad, además permitirá establecer el número óptimo de juzgadores que se requieren en ese tipo de dependencias, para atender la demanda de la ciudadanía.

La decisión se adoptó con base en un informe técnico y metodológico donde se analizó el ingreso y la resolución de causas por parte de los jueces que prestan sus servicios en las Unidades Judiciales de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Latacunga, Cuenca y Portoviejo.