El mismo modo de operar. El pago de sobreprecios por la compra de bolsas para embalar cadáveres que se detectó en el Hospital Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también se registra en el Hospital Guasmo Sur, administrado por el Ministerio de Salud.

Según el proceso de contratación, colgado en el portal de Compras Públicas, el Guasmo Sur adjudicó entre el 2 y el 8 de abril dos contratos con el mismo requerimiento: “dispositivos médicos esenciales para prevención y diagnóstico de coronavirus (bolsas para cadáveres)”. El primero de 600 bolsas, por un valor unitario de 131,20 dólares; y el segundo, de solo 120 fundas, por un precio de 140 dólares cada una. En el mercado se encuentran desde 12 dólares.

El Guasmo Sur aceptó pagar $ 88.166,40 por el primer contrato y $ 18.816,00 por el segundo.

EXPRESO consultó a Salud sobre si conocía ya de estos procesos de compra adjudicados en el centro médico. Sin embargo, hasta el cierre de esta reportaje no hubo ninguna respuesta. En la comparencia que hizo ayer el ministro Juan Carlos Zevallos por el caso de Los Ceibos no hizo referencia al Guasmo Sur.

Estos dos contratos ya están en la mira de la Contraloría, que el pasado lunes anunció que examinará las compras que cinco hospitales del país han realizado entre el 17 de marzo y el 4 de mayo de este año, en el marco de la emergencia sanitaria.

En esa lista están también el Hospital Pediátrico Baca Ortiz y el de Especialidades Eugenio Espejo, de Quito, y el Provincial Luis G. Dávila, de Tulcán. Todos, centros médicos Centinelas designados por la cartera de Salud para tratar los casos de COVID-19.

En estos hospitales se realizarán exámenes especiales a procesos de contratación, entrega y recepción por la adquisición de dispositivos, insumos médicos y medicamentos para solventar la emergencia.

Precisamente en el Eugenio Espejo, su exdirector, Pablo Izquierdo, denunció el pasado 1 de mayo, mediante una carta a sus excompañeros, que su salida del hospital se había dado porque se negó a recibir a personas “que lucran con la salud” y que tienen “negocios millonarios”. La Fiscalía investiga la existencia de un presunto sobreprecio en la adquisición de equipos laparoscópicos en este hospital.

El anuncio de Contraloría se hizo después de que el Ministerio Público informara de la aprehensión de 16 personas por el supuesto sobreprecio en la compra de 4.000 bolsas para cadáveres por un precio unitario de 148,50 dólares que hizo el Hospital Los Ceibos, también en abril.

La entidad dijo a EXPRESO que existen otros contratos en Los Ceibos y en el Guasmo Sur, ajenos a los insumos médicos y bolsas, que también van a ser analizados.

Por el caso de la compra de fundas de cadáveres en el Hospital Los Ceibos, la Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de peculado a 4 de las 16 personas que fueron detenidas en los allanamientos del lunes en Quito y Guayaquil. El juez de Garantías Penales del Guayas, Ricardo Barrera, les dictó prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y vehículos y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Entre los procesados están Susana Mera, gerente del Hospital; Cristina Goya, responsable de Compras Públicas; y Johanna Vinueza, subdirectora administrativa, quienes revisaron y firmaron el contrato con la empresa Silverti S. A. el pasado 9 de abril.

La Policía informó que están detrás de más involucrados en este caso, a los que ya se les ha emitido boletas de captura.

EN DETALLE

Otro contrato en el Guasmo Sur es investigado por Anticorrupción

A la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia llegó la alerta de otra adquisición de 300 bolsas para cadáveres por un precio unitario de 145,26 dólares realizada por el Hospital General Guasmo Sur.

Esta compra estaría dentro de un contrato donde se adquieren 30 insumos más como guantes, mascarillas, jeringas, zapatos quirúrgicos y otros por un valor total de 1'183.079,30 dólares. "Estamos interviniendo con un equipo de investigación", se publicó desde la cuenta de Twitter de la entidad.

En los últimos días, esta Secretaría ha recibido múltiples críticas en redes sociales de usuarios que aseguran que sus funcionarios solo están siendo reactivos a las denuncias de la ciudadanía, en lugar de investigar y evitar que estas irregularidades se produzcan.