Contradicciones de Samanes
Reapareció. Marcela Aguiñaga –exministra del Ambiente, segunda vicepresidenta de la Asamblea y una de las protagonistas de la negociación de Los Samanes– habló. Lo hizo a través de un comunicado. Era ministra cuando se concretó la venta de 66 lotes pertenecientes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
Aguiñaga dijo que todo fue legal. Para adquirir los lotes, explicó, “se llevó a cabo una negociación entre instituciones públicas, enmarcada en la ley, no se entregó dinero a ninguna entidad o persona privada”. Su afirmación se contradice con la de Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, quien el miércoles manifestó que en el proceso se habían producido “errores de buena fe”.
Minutos antes, en televisión el ministro de Defensa, Fernando Cordero, anunció la destitución del director del Issfa, Freddy García, al que achaca toda la responsabilidad. Le sustituye Juan Francisco Vivero.
Más confusión y despidos para un conflicto en el que quedan dudas y contradicciones que no han sido suficientemente explicadas. EXPRESO consultó a tres juristas.
1. Devolución de dinero
El acuerdo entre el Issfa y el Ministerio del Ambiente fue un contrato de compraventa de un inmueble efectuado por dos instituciones del Estado que tienen que regirse por el Código Civil y leyes administrativas. El contrato solo pudo ser anulado o revocado por algún juez de lo Civil, dice Gonzalo Realpe, abogado y miembro del Colegio de Abogados de Pichincha. Según él, “para que exista una devolución de dineros, si Ambiente se sintió afectado debió demandar la nulidad del contrato ante un juez civil”. Si se declaraba la nulidad, como parte del cumplimiento de la sentencia, el juez ordenaba la devolución del exceso o la totalidad del pago.
2. Prescripción
La posibilidad de hacer un reclamo administrativo prescribió en tres años, desde la firma del contrato señala Realpe. No prescribía la nulidad del contrato, la cual debía efectuarse con un juicio de nulidad que dura entre cinco y ocho años.
3. Arbitraje
Las controversias deben ser sometidas a la jurisdicción común o alternativa (arbitraje), explica Cristóbal Buendía, jurista y miembro del Observatorio de Movilidad. Él reitera que el contrato es ley para las partes y, si definía jurisdicción común o arbitral, es obligación de las partes cumplirla. Si en el arbitraje no llegaban a un acuerdo, el siguiente paso era acudir ante un juez civil.
4. Ejecutivo
“Dentro de las funciones del presidente no está la de administrar justicia porque los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite”, asegura Buendía. Se refiere a la disposición del presidente Rafael Correa de debitar 41 millones de dólares al Issfa en favor del ministerio. Pero, “sin necesidad de acudir ante los jueces competentes ordena que les sea retenido ese dinero a los militares”, señala. El jurista guayaquileño y catedrático Hernán Ulloa coincide en que “es un juez quien debe ordenar”.
5. Error de buena fe
Buendía afirma que el “error de buena fe lo que hace es eximir de responsabilidad al causante. El contrato es válido y el juez corrige el error”. Realpe explica que en muchos contratos se cometen errores de buena fe porque a las personas se les pasa por alto ciertas solemnidades y los jueces de lo civil están para corregirlos. Pero eso lo debe determinar el juez civil. Ulloa sostiene que en esa clase de transacciones no deben existir esos errores.
6. Precio
lloa precisa que hay dos posibilidades: que el precio de los terrenos haya sido bien pactado y en un acto arbitrario el Gobierno haya retenido los fondos, o que “deliberadamente se haya vendido o comprado en valores elevados para un fin no legal”.
Movilización
Plantón de los retirados en Guayaquil
Militares en servicio pasivo realizaron ayer un plantón en las afueras del edificio del Issfa en Guayaquil, en Luque y Pedro Carbo, para expresar su respaldo a esa entidad.
El director regional del Issfa, capitán Marco Flores, escuchó a una treintena de manifestantes que llegaron al sitio luego de realizar una marcha desde el parque Centenario. “Venimos a dar nuestro apoyo al consejo directivo y que sepan que la tropa va a defender el patrimonio de nuestro instituto”, le dijo Sergio Figueroa, presidente de la Asociación Huancavilca, que aglutina a militares jubilados de cinco provincias.
El dirigente rechazó que el Gobierno haya dispuesto descontar $ 41 millones al Issfa por un supuesto perjuicio en la venta de terrenos en Samanes. “Le decimos al señor presidente de la República que tiene que buscar los cánones legales, que es la Función Judicial. La Función Ejecutiva no tiene por qué meterse en lo que es nuestro patrimonio”.
También hubo críticas al anuncio presidencial de una posible revisión de las pensiones jubilares. Alejandro Valverde, representante de tropa ante el consejo directivo del Issfa, sostuvo: “Es otra de las propuestas para disociarnos, para ponernos en diferencia con los que ganan más”. MAS
