El conflicto del Issfa suma las pensiones
La anunciada revisión de las pensiones de los militares se sumó al problema por la devolución de 41 millones de dólares por la venta de terrenos en Los Samanes, en Guayaquil. Hay malestar entre los militares en servicio pasivo y entre los familiares de los activos. El presidente puso a las pensiones en debate, el sábado. Ayer, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, reforzó la tesis oficial. “No creo que sea el momento para decidirlo, pero sí para discutirlo, revisar cómo es ese régimen y qué debemos hacer para que no haya la discriminación que existe ahora”, dijo. Lo que ninguno de los dos contó es el mecanismo que se utilizará para revisar las pensiones. Sí hablaron, en cambio, de pensiones exageradas. “Un general, que hace una labor tan importante como el jefe de un hospital, tiene una jubilación de 3.500 dólares más un bono de cesantía de 200.000 dólares. ¿Es bueno, es conveniente?”, preguntó Mera. El general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo a EXPRESO que si el Gobierno quiere revisar el pago de pensiones hay procedimientos legales y, de existir excesos, se los puede corregir. Para él “siempre se hace política cuando se ofrece quitar a los unos para dar a los otros”. Lo correcto, opinó el oficial retirado, sería anunciar que se van a revisar las pensiones y que se hará una mejor distribución o asignación. En eso no ve ningún problema. Y el mecanismo, destacó, es sencillo porque se “trabaja con un porcentaje con relación a los aportes realizados” y debe hacerse mediante ley. En el fondo, la preocupación entre los militares es el futuro de sus pensiones jubilares. Ellos temen que el retiro de 41 millones de dólares de sus cuentas, ordenado por el presidente de la República, desestabilice el Issfa. Pero Mera insistió en que las pensiones están garantizadas por el Estado: “Piensan que el Issfa puede mantenerse solo, ese es un error conceptual. Ellos están formados en las armas, no en la administración pública”. Y aseguró que el Gobierno ha pagado 300 millones de dólares en pensiones. Él -así como los militares en servicio pasivo y el Issfa- están a la espera del informe de la Contraloría para resolver definitivamente el conflicto por la venta de los lotes en Guayaquil, en un negocio que involucró a la anterior ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga. Mera intentó salvar responsabilidades. Refirió que, según ella, cometió un “error de buena fe” al haber pagado 48 millones de dólares por un terreno que solo valdría siete. Por eso, subrayó, “estamos enmendando, para evitar que haya glosas y situaciones que pueden ser más complicadas”. Él cree que el caso puede resolverse sin llegar a instancias judiciales. Sanción Moncayo: “Debió llamar a la cúpula” En la disciplina militar hay una sanción que se llama censura simple y otra solemne, explicó Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto. Él hizo esa precisión para referirse al llamado de atención del ministro de Defensa, Fernando Cordero, hacia la anterior cúpula militar. “Lo que ha hecho el ministro es una censura al mando, pero lo ha hecho en Twitter y Facebook. Es un llamado de atención que no cabe dentro de los cánones de la disciplina militar”, apuntó. Lo procedente, según Moncayo, era un llamado para decirles que algo no se hizo bien. “Se resolvía el problema y no trascendía el tema”, opinó.
