Concurso para la Corte Nacional sigue en el limbo por falta de hoja de ruta
La responsabilidad recaerá en la próxima Judicatura. Mientras el Ejecutivo mantenga su inacción, todo seguirá en suspenso
El concurso para la Corte Nacional de Justicia no tiene una hoja de ruta. O, quizá, la única certeza es que el actual Consejo de la Judicatura no lo retomará.
Así lo expresó Mario Godoy en su última entrevista con EXPRESO el mes pasado. Dijo que lo “legítimo” y “ético” sería que el próximo Consejo de la Judicatura se encargue del proceso.
Esta postura representa un cambio de opinión y en parte se debe a la salida de Merk Benavides, que dejó al Pleno con tres vocales. El 25 de noviembre, Godoy afirmó en Notimundo que presentaría una hoja de ruta preliminar en dos semanas. Sin embargo, han pasado 27 semanas sin casi avances, y el retraso continúa.
El concurso depende de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe a los cinco vocales de la Judicatura. A su vez, el CPCCS necesita que el Ejecutivo envíe su terna, solicitada hace seis meses y sobre la que, hasta ahora, el Gobierno no ha mostrado interés.
La mayoría de la Corte con jueces encargados
“El escenario ideal sería que el nuevo Consejo de la Judicatura inicie el proceso. Sin embargo, ante el retraso en la designación de los nuevos vocales, creo que el actual Consejo debería adelantar el proceso. Al menos debería introducir los ajustes necesarios a la normativa del concurso. Ya cuentan con suficientes elementos, gracias a los errores detectados en los dos concursos previos”, afirmó José Suing, presidente encargado de la Corte Nacional.
Como medida provisional, la Judicatura ha nombrado magistrados encargados, que salen de desbaratar las cortes provinciales. Sin embargo, la mayoría de la Corte Nacional está conformada por jueces encargados, lo que también causa que no pueda sesionar para nombrar a un presidente titular.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados han advertido que el uso excesivo de jueces temporales debilita el Estado de Derecho.
Esta práctica afecta la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema judicial. La permanencia de los jueces temporales depende de decisiones administrativas, lo que pone en riesgo su autonomía.
Para Alejandro Sarzosa, abogado litigante, existe una clara “falta de voluntad y de acciones concretas para activar este proceso, a pesar de su importancia para el sistema judicial”. Según él, el sistema de justicia sigue subordinado a los tiempos políticos, donde la prioridad actual es la elección del nuevo fiscal general del Estado.
“Lo más grave es que no hay jueces titulares suficientes en la Corte Nacional. Las vacantes se cubren con conjueces provenientes de las cortes provinciales, lo que provoca un vacío en esas instancias y afecta la operatividad del sistema judicial en general”, advirtió Sarzosa.
En 2027 culminará el periodo de varios magistrados, entre ellos José Suing, Daniella Camacho, Consuelo Heredia, Katerine Muñoz, Felipe Córdova, Rosana Morales y Marco Rodríguez. Dejarán sus cargos y la interrogante es si sus vacantes se llenarán con más temporales.
El constitucionalista José Chalco sostiene que la Judicatura debe avanzar con el concurso, pues esa es una de sus funciones y no puede recurrir a pretextos para no hacer su trabajo.
“El respeto a las disposiciones legales y constitucionales no se realiza bajo criterios de oportunidad. Hay que institucionalizar al país todos los días, en cada decisión y acción de los órganos estatales”, manifestó.
- Situación. El Consejo de la Judicatura funciona de forma prorrogada con Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui. Si uno falta, no hay cuórum.
Función Judicial: una lista de pendientes
El pasado 11 de abril, el Consejo de la Judicatura celebró la última mesa técnica para analizar el proyecto de reglamento del concurso para la Corte Nacional. Este instrumento es clave para establecer los criterios de selección, que según Mario Godoy deberán cumplir con altos estándares de transparencia y probidad.
Además de este proceso, la Judicatura tampoco ha logrado avanzar en otros frentes: la selección de jueces de Garantías Constitucionales, la recategorización de magistrados mediante evaluaciones y la conformación de un banco de elegibles.
Desde noviembre de 2024, Godoy ha advertido que la Función Judicial debería ser declarada en emergencia, debido a la falta de recursos para el mantenimiento de edificios y la contratación de personal auxiliar.
Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada
