Un anuncio que no se acaba de ejecutar. La Fiscalía General del Estado tampoco pudo acceder ayer a la información del sistema informático que usó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones del 7 de febrero.

El consejero Luis Verdesoto reveló que el pleno del organismo se reunió el domingo pasado y acordaron hacer dos copias que serían entregadas a los investigadores del Ministerio Público y otra a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Sin embargo, en una arbitraria decisión, usted suspendió la realización de las copias y canceló la entrega planificada, sin ningún tipo de consulta conmigo ni, peor aún, autorización para romper lo consultado”, se puede leer en una carta que envió el funcionario a la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Oficialmente, el CNE le dijo a EXPRESO que no habrá pronunciamientos sobre esta acusación y nueva discrepancia al interior del organismo. Extraoficialmente, se conoció que varios funcionarios están reacios a ceder al pedido de la Fiscalía, pero también de la Contraloría que pidió autorización para una auditoría informática, porque consideran que se trata de una intromisión en el proceso.

Para el abogado penalista Pablo Encalada, este “acuerdo” al que habrían llegado los consejeros electorales para entregar la información que solicita la Fiscalía es absurdo porque todas las personas, no solo los funcionarios públicos, tienen la obligación de cooperar con la justicia.

Encalada no considera que exista una intromisión en el proceso electoral ni de Fiscalía, ni de la Contraloría. “Lo que han acordado en el CNE simplemente es cumplir con la ley y, sin embargo, no lo han hecho por lo que se podría configurar un desacato”, señaló.

El principal temor que existe entre los consejeros electorales es que tanto la investigación fiscal como la auditoría de ente de control se extienda más allá de 20 días, afectando el inicio de la campaña electoral prevista para el 16 de marzo y que esto pueda afectar a todo el calendario.

Para el excontralor Marcelo Merlo el cuestionamiento de que la Contraloría no tendría nada que hacer analizando el sistema electoral es infundado. Recuerda que una de las atribuciones del organismo es la auditoría de gestión que está establecida por la Corte Constitucional (CC), por lo tanto es una potestad irrenunciable.

“Este tipo de análisis puede ser por pedidos, pero especialmente se actúa de oficio porque es una obligación de Contraloría. No hay una interferencia en el proceso electoral”, señaló.

Pero hay otras lecturas sobre el papel de la Contraloría en este tema. El abogado Esteban Ron dijo que el reglamento de este organismo señala que las auditorías las debe hacer ex post (después de hecho) y que si se lee bien la carta del contralor Celi al CNE, se nota que se trata de un pedido a que lo “inviten” a auditar, mas no dice que va a ejecutar un control, con lo que se cuida de cometer una infracción electoral.

“Cosa distinta a lo que sucede con la Fiscalía que tiene una única prohibición que sería la de iniciar un proceso penal en contra de los consejeros del CNE. Pero llevar a cabo las investigaciones es un ejercicio, más bien, normal y oportuno”, explicó Ron.