La Policía Nacional detuvo a ocho personas en una finca de las afueras de Guayaquil en presunta posesión ilegal de armas de entrenamiento, entre ellos dos presuntos miembros de la banda criminal 'Los Choneros' que en 2022 habían sido condenados por asesinato.

Así lo afirmó en rueda de prensa el comandante Víctor Herrera, jefe de la Policía en la Zona 8, que comprende Guayaquil y su área metropolitana, quien manifestó su desconcierto porque los individuos estuvieran en libertad, pues recordó que la pena mínima establece el código penal de Ecuador por asesinato es de 16 años de prisión.

Entre los dos acumulan hasta siete detenciones entre 2013 y 2022 por delitos como tenencia ilegal de armas, violación, robo, tentativa de asesinato y asesinato.

Herrera explicó que estos dos hombres, identificados bajo los apodos de 'Comandante JB' y 'Mocho', llegaron a estar encarcelados en la prisión de máxima seguridad de La Roca, y luego pasaron al pabellón de máxima seguridad de la Cárcel Regional de Guayaquil, una prisión controlada internamente por 'Los Choneros'.

Asimismo, detalló que los detenidos contaban con simbología que muestra presuntamente "una jerarquía superior" dentro de 'Los Choneros', así como una gorra con las siglas 'JGL', que según el jefe policial harían referencia al narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

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A los detenidos se les decomisó equipos de comunicación y teléfonos celulares cuyo análisis por parte de la Policía podría revelar que estén vinculados con otros delitos.

'Los Choneros', la banda criminal más antigua y numerosa en activo de Ecuador, están liderados por el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), que se fugó entre finales de 2023 e inicios de 2024 de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años de cárcel por asesinato, delincuencia organizada y homicidio.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó a inicios de enero la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" y pasó a denominar a las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

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El estado de excepción decretado por Noboa se dio después de una oleada de atentados y violencia atribuida a estas bandas, que incluyó la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado y motines simultáneos en al menos siete cárceles con cerca de 90 presos fugados y unos 200 rehenes que lograron ser liberados.

Esta crisis se dio en momentos en que el Gobierno se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por estas bandas criminales que han protagonizado desde 2020 una serie de masacres carcelarias en las que han asesinados más de 450 presos.

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