Son los principales responsables. La noche del 28 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reformó el reglamento de las elecciones anticipadas para derogar la modalidad de votación telemática en el exterior y retomar el sufragio presencial.

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Aunque esto pretende subsanar las falencias ocurridas el 20 de agosto, sobre todo porque se repetirán las votaciones, no debe distraer de la responsabilidad que tiene la entidad, sostiene Ricardo Ramírez, de la Comisión Nacional Anticorrupción.

“Hay un acto de irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral al no hacer caso a las recomendaciones que hizo la Contraloría General del Estado sobre las seguridades del sistema informático”, dice y señala que también hay que observar los procesos de contratación.

En 2021, la Contraloría emitió una serie de recomendaciones sobre el sistema informático del órgano electoral, pese a que el pleno del CNE rechazó un pedido inicial de auditoría. Sin embargo, al ser consultada, la entidad dice que ha cumplido todas.

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Las presuntas omisiones del CNE, según Ramírez, no pueden ser ignoradas por las autoridades de control. “Debe determinarse si hay responsabilidades administrativas, civiles o penales”, añade el coordinador de Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Aunque coincide en que “aquí hay algo que se debe investigar”, el constitucionalista Ismael Quintana señala que los consejeros electorales deben dar una explicación previa: la justificación legal de por qué se repetirán las votaciones de asambleísta nacionales y del exterior en las tres circunscripciones especiales del exterior.

“El CNE dice que el domingo 20 recibieron un ataque cibernético, pero anulan la votación determinando que habría habido una suplantación o alteración de los registros (...). No guarda relación”. Y reconoce que se debe garantizar la votación de los migrantes que no pudieron sufragar.

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Este punto incluso podría complicar más la situación para el CNE, advierte Quintana, ya que la repetición de las elecciones acogida por el órgano electoral es susceptible de que las organizaciones políticas presenten recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral para oponerse a la nueva jornada.

De hecho, ya han sido presentados. Según una revisión hecha por este Diario al portal del Tribunal Contencioso Electoral, al menos tres recursos subjetivos contenciosos han sido interpuestos desde el 25 de agosto, cuando el pleno del CNE acogió la nulidad de las elecciones resuelta por la Junta Especial del Exterior.

“Desde la legitimidad se podría justificar la decisión del Consejo Nacional Electoral, pero no desde la legalidad. (La repetición de las elecciones en el exterior) Es una resolución claramente violatoria de la Ley Electoral”, argumenta. Y señala que los consejeros pudieron ahorrarse problemas si apenas se presentaban los inconvenientes, hubieran suspendido las votaciones en el exterior.

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Sin embargo, tomada la decisión, igual los consejeros electorales pueden ser objeto de investigaciones fiscales por la vulneración del sistema informático y el delito de peculado, ya que el CNE adjudicó un contrato de alrededor de 800 mil dólares para el servicio del voto telemático que terminó fallando. Además de las responsabilidades que pueda hallar la Contraloría y un posible juicio político que pueda emprender la nueva Asamblea Nacional.

Esto, según observa Ramírez, es una muestra más de por qué las autoridades de control deberían observar el comportamiento del CNE. “Todo tiene que estar apegado a lo que dice el reglamento. No es que a los consejeros se les ocurren las cosas”, señala el miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.

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