Era una noche cualquiera de feriado cuando Roxana Montaño Medina, de 36 años, regresaba, junto con su hijo menor de edad, a su casa ubicada en la calle Décima del Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. Eran casi las 19:00 y, mientras se instalaba en su vivienda, luego de haber acompañado a su pequeño Jeremy a una “fiestita” de uno de sus “amiguitos”, Roxana se enteró de que su otra hija, Nayeli Barros, de 21 años, iba a salir un rato:

“Me dijo que no salga, que me iba a cerrar la puerta”, cuenta Nayeli a EXPRESO y continúa relatando que su mamá “llegó, se bañó y se acostó porque estaba cansada”. Además de acompañar a su hijo, Roxana también había trabajado más temprano ese día como empleada doméstica. “De ahí no la vi más”, continúa Nayeli.

Las horas pasaron cuando, de repente, a las 02:00 del 14 de agosto pasado, “sentí la explosión”, dice Nayeli. “Yo no paraba bola porque pensé que era uno de esos juegos pirotécnicos”. Recuerda que le decían que “habían explotado la casa” de su madre. Luego de la insistencia, Nayeli confirmó lo inesperado: su madre, junto a dos personas más, había sido víctima de un artefacto explosivo que pasó desapercibido entre los libadores que, a esa hora, se encontraban conversando y escuchando música en la calle.

“Vi a mi mami tirada, toda ensangrentada”, describe Nayeli y señala que su hermano, de 7 años, fue herido, pero que no fue de gravedad y horas después regresó a los brazos de su padre. A la par que Nayeli se enteraba, el resto de la familia de Roxana digería la noticia y la escena que quedó en su casa.

Todos, menos su mamá, de 60 años, a quien, a pesar de que las horas transcurrían, aún no le contaban que su hija había fallecido producto de la explosión. “Ya mismo le vamos a decir”, dice Nayeli, quien reconoce que inevitablemente se va a enterar porque el velorio se prevé que sea en la planta baja de la casa donde vive, a una cuadra de la zona del atentado.

La tristeza y la desconfianza empezaron a reinar con el paso de las horas en la calle Décima. Mientras la Policía Nacional resguardaba el perímetro de la zona de explosión, algunos se acercaban a confirmar el rumor del atentado y otros para exigir respuestas sobre sus familiares afectados.

Entre ellos se encontraba Aparicio Arroyo, de 71 años, quien con impotencia observaba detrás de las vallas la casa destruida de su hija Herlinda Arroyo, quien resultó “gravemente herida” tras la explosión. “Me preguntó por mi salud”, dice Aparicio a este Diario sobre la última conversación que mantuvo con su hija horas antes.

“Jamás lo habríamos pensado”, continúa y, mientras sus familiares se lo llevaban del lugar, levantó su voz y gritó a los gendarmes que “esto se podía prevenir” y que el presidente Guillermo Lasso y el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, debían hacer algo con esa calle que es “nombrada” (como referencia a que es un sector peligroso) y controlada por bandas criminales.

En su guerra por controlar territorios de la droga, las pandillas de Ecuador, que ya vienen causando niveles récord de violencia en el país, han comenzado a usar tácticas similares a las de los carteles. Los ataques con explosivos improvisados y los coches bomba parecen ser las más recientes.

El hecho de que los recientes atentados hayan tenido lugar en medio de centros poblados como Guayaquil y Esmeraldas demuestra el nivel de organización, cada vez mayor, que están teniendo las bandas criminales y megapandillas. 

Daniel Pontón, profesor en Seguridad y Defensa, dice que las organizaciones criminales desafían a las fuerzas de seguridad con actos de violencia que serán cada vez más graves “mientras el Estado tenga una respuesta contemplativa, o mientras se estén echando la culpa entre el Gobierno central y el local”.

Guayaquil, de hecho, es la ciudad más golpeada por esa violencia criminal. Del 1 de enero al 14 de agosto, en el Distrito Metropolitano se han registrado 859 muertes violentas, más del doble con relación al mismo período del año pasado. Hoy por hoy, Guayaquil se sitúa en una tasa de inseguridad de 26,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Su deterioro es comparable con Cali, que tiene una tasa de 24.

“Los que hacen este tipo de cosas se han aprendido un guion y lo están pidiendo. Ellos están siguiendo lo que ha pasado en Colombia”, dice Pontón. Pero recalca que el Ecuador no puede permitir que se normalicen este tipo de prácticas. “Se necesitan acciones inmediatas y emergentes, y yo veo que el Gobierno tiene una capacidad nula para evitar este tipo de ataques. El crimen organizado va en Lamborghini y el Gobierno va en carreta”, concluye.