Pasan meses y hasta años. Pocos asambleístas se interesan en pagar sus glosas, multas u órdenes de reintegro emitidas por la Contraloría General por una mala administración cuando estuvieron en otros cargos.

La mayoría posterga el pago de sus obligaciones con el Estado. La excepción es Guadalupe Llori, legisladora de Pachakutik, quien ha cancelado 15.945 dólares por una glosa y dos sanciones administrativas.

Otros 65.354 que debía por una glosa los arregló a través de presentar sus justificaciones y logró que el monto sea eliminado. Una multa de 38.000 dólares, en cambio, está impugnada.

A diferencia de otros legisladores, Llori ha recurrido a las vías legales para cumplir con las sanciones emitidas de la Contraloría por malos manejos económicos, falta de diligencia o desembolsos de dinero indebidos durante sus cargos públicos.

Hasta el 16 de marzo pasado, la Contraloría actualizó el listado de sanciones de legisladores. 12 de los actuales asambleístas le deben al Estado 1,2 millones de dólares, por auditorías y acciones de control que datan desde 2007.

Ese es el caso de Salvador Quishpe, otro legislador de Pachakutik. Tiene 21 órdenes de reintegro y una glosa, que siguen pendientes de pago o justificación desde 2007.

Según la Contraloría, una orden de reintegro es un pago inmediato que realiza por un desembolso indebido de recursos financieros, efectuados sin fundamento legal ni contractual.

Los errores en el manejo de recursos públicos, en manos de Quishpe, ocurrieron cuando él fue prefecto de Zamora Chinchipe, de 2009 a 2019.

Las sanciones suman 66.323 dólares. Unos montos provienen de la administración de la Empresa Hidroeléctrica de Zamora Chinchipe (Hidrozachin). Otras sanciones fueron impuestas por los recargos en la matriculación de los vehículos de la Prefectura, por despidos de servidores, moras en los pagos patronales y retrasos en los pagos por la compra de bienes.

EXPRESO se contactó por mensaje de texto con el legislador, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

En la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), hay también legisladores que aún no han resuelto sus sanciones administrativas.

Luisa González tiene una deuda de 798.196 por una glosa emitida en 2012, tras un examen especial al uso de los aviones presidenciales y viajes a varios destinos, entre estos a países considerados paraísos fiscales como Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Panamá, Cabo Verde, Belice, Barbados y Trinidad y Tobago. Este Diario se contactó con la legisladora, pero tampoco respondió.

El 28 de octubre pasado, la Contraloría confirmó una glosa solidaria de 9,8 millones contra funcionarios de la Presidencia por el uso de los aviones. Entre los sancionados se encuentra el expresidente Rafael Correa, hoy sentenciado por cohecho.

Según la entidad de control, los aviones Legacy y Falcon se usaron para el traslado de varios funcionarios “sin precisar el objeto del desplazamiento”.

Estos aviones se usaron para, por ejemplo, trasladar a personal de Petroecuador, como Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional. Dos de estos vuelos “no contaron con los manifiestos de pasajeros de todas sus rutas, ni el manifiesto de peso y balance, así tampoco el objeto del viaje y la respectiva autorización”.

En el informe de la Contraloría, se cita también a cuatro exasambleístas, que dejaron sus cargos para participar de las elecciones seccionales. Ellos son Pabel Muñoz, Alexandra Arce y Juan Lloret, de UNES, y Pedro Carlos Falquez, del Partido Social Cristiano.

En esta lista destaca el alcalde electo de Quito, quien a través de una impugnación judicial logró que 25 millones (una glosa y una sanción administrativa) sean eliminados. Otra glosa por 15 millones sigue en litigio.