Las votaciones masivas han sido la tónica. En lo que se refiere a la aprobación de leyes, la Asamblea Nacional ha demostrado que, por ahora, hay consensos que van más allá del acuerdo específico que mantienen correístas, socialcristianos y oficialistas.

Los legisladores terminan el año aprobando cinco normativas herencia de períodos anteriores; una Ley Económica Urgente enviada por el presidente Daniel Noboa y una reforma parcial a la Constitución que quedó pendiente del Legislativo que fue disuelto: todas han tenido más de 100 votos favorables.

La primera en aprobarse desde el 17 de noviembre, cuando la Asamblea tomó posesión, fue la normativa que garantiza la equidad salarial entre hombres y mujeres, planteada cuando Guadalupe Llori era presidenta de la Asamblea por Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana.

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En temas de seguridad, varias leyes quedaron pendientes de segundo y definitivo debate. Una de ellas la de Vigilancia y Seguridad Privada, que regula el acceso a licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada, que fue aprobada con 123 votos.

Suerte similar corrieron la Ley de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la normativa reformatoria a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que fue tramitada en cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso mejorar el servicio público en este ámbito.

El primer mes de funciones cerró con la aprobación de la Ley de Salud Mental, que es a la que mejor le ha ido en votaciones: 130 voluntades, entre las que se incluyeron Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC), Alianza Democrática Nacional (ADN), independientes, pero también Construye, que se presenta como la fuerza opositora en la Asamblea.

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Es decir, con las leyes heredadas no ha habido problema. Paradójicamente, los ‘sustos’ se hicieron presentes cuando les tocó aprobar, el 19 de diciembre, la normativa económica urgente de Noboa, pese a que cuando se dio a conocer del acuerdo legislativo se dijo que una de las razones para la inusual unión era impulsar las leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Si bien quedaron plasmados 107 votos (uno más que en la de Gestión de Riesgos), se conoce que incluso minutos antes de la votación el apoyo del correísmo, cuya bancada tiene 51 integrantes, no estaba asegurado y las críticas a la propuesta económica eran la tónica entre los voceros de la Revolución Ciudadana.

Para la legisladora de Construye, Ana Galarza, hubo una negociación entre correístas y oficialistas para votar por esa normativa, pese a que la criticaban. ¿A cambio de qué? Que Henry Kronfle deje la presidencia de la Asamblea por unos días; que en ese lapso Viviana Veloz, quien asumió la presidencia, convoque al pleno para tratar el pedido de autorización de juicio contra Jorge Glas y que no haya los votos para aquello como sucedió. Es decir, el acuerdo está atado a los cálculos e intereses de sus integrantes.

“Parte del acuerdo de los votos del correísmo para la Ley Económica Urgente es que permitan que (Glas) se vaya de la Embajada de México”, en donde el exvicepresidente está en calidad de huésped desde hace más de una semana, aseguró Galarza.

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La vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, negó dicha acusación, asegurando que lo que hubo por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana es “buena voluntad” para respaldar esa propuesta que la calificó como positiva en un 80 %, especialmente porque se habría recibido los aportes y propuestas correístas, aunque hasta minutos antes del debate y aprobación continuaban las críticas y las dudas de que la apoyarían.

El presidente Noboa también señaló que detrás de esta votación no hubo “amarres” y negó que se esté “transando” con las otras bancadas que le apoyaron, algo que, a juzgar por los últimos acontecimientos, deja dudas entre sus detractores.

Crece la lista de proyectos

Mientras tanto, el listado de proyectos de ley sigue aumentando. Hasta el viernes pasado ingresaron seis nuevos de integrantes del actual Legislativo.

Ahí están propuestas en seguridad y gestión de riesgos. También, se plantean nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal y alivios económicos para jóvenes que no han podido pagar becas.

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