Un asunto que debe ser abordado, pero con pinzas. El desarrollo y las consecuencias del caso Metástasis, en el que se investiga la relación de la justicia con el narcotráfico, no escapa del radar de la Asamblea Nacional y ya hay legisladores que piensan que debe ser abordado.

¿En dónde? Puede ser en la Comisión de Fiscalización, en la que el asambleísta Ramiro Vela Jiménez, que ahora se identifica con la bancada oficialista de la Alianza Democrática Nacional (ADN), no descarta que se ponga sobre el tapete este mismo lunes, cuando la mesa legislativa se reúna.

Vela recuerda que Fiscalización ya aprobó una hoja de trabajo en la que se incluyó fiscalizar a la justicia, aunque reconoció que con los acontecimientos de las últimas horas el panorama varía y debe ser motivo de análisis.

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Pero con sus cuidados, dice el asambleísta Pedro Velasco, que en el anterior periodo legislativo fue parte de la mesa de Fiscalización y uno de los cercanos a Fernando Villavicencio (+). Velasco dice que estaría bien que se investigue lo que corresponda a la Asamblea de esta posible injerencia del narcotráfico con las bandas delictivas.

“Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no terminar entorpeciendo el trabajo de la Fiscalía, porque muchas veces en ese supuesto afán de fiscalizar terminan pidiendo y queriendo acceder a documentación que está en reserva y eso es peligroso”, señaló Velasco.

Justamente por eso y teniendo en cuenta quiénes dominan comisiones como la de Fiscalización, el legislador Paúl Buestán (de Construye) preferiría que la parte legal y penal sea manejada exclusivamente por la fiscal del Estado, Diana Salazar, y que no se tergiverse la investigación.

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En la parte política, recordó que su partido planteó el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y que ese trámite de fiscalización será la oportunidad para enrostrarle todas las falencias y arbitrariedades que habría cometido al frente de la justicia del país.

El independiente Lucio Gutiérrez está convencido de que la Asamblea tiene que levantar su voz y fiscalizar este caso, pero no solo la relación justicia-narcotráfico, sino también a alcaldes, prefectos y hasta asambleístas que, según dijo, llegaron con campañas millonarias que no podrían justificar en una investigación seria.

¿Esto podría alterar el trámite del juicio que se ventila en la Asamblea contra Salazar? Ni acelerarlo ni retrasarlo, dijo Vela, que aseguró que cada proceso de fiscalización que está en cola será tratado con los tiempos que establece la normativa legislativa.

“Una cosa es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique el pedido, que la comisión le dé el tratamiento que corresponde y que finalmente elabore un informe final que incluso pueden ser dos: uno de mayoría y otro de minoría”, precisó Vela.

Para Buestán, este enjuiciamiento debería convertirse en una oportunidad para que, cuando llegue al pleno, se demuestre con el rechazo a la censura y destitución el apoyo que muchas bancadas dicen prestar a la fiscal Salazar.

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En la misma línea se pronunció Velasco, que cree que justamente estas amenazas que conlleva el juicio político lo que buscan es tratar de amedrentar a la funcionaria y frenar sus investigaciones contra el crimen organizado. Y que lo óptimo para el país sería que Salazar sea respaldada por la Función Legislativa.

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