Calculando, congraciándose o ambas cosas. Con votos del Partido Social Cristiano (PSC) y del movimiento del presidente Daniel Noboa en la Asamblea Nacional, se calificó a trámite el juicio político planteado en contra de la fiscal del Estado, Diana Salazar.

Sorpresivo, si se toma en cuenta que tanto el PSC como la Alianza Democrática Nacional (ADN) se han esforzado, desde que la Revolución Ciudadana (RC) lanzó la idea, en negar cualquier apoyo a un intento de censurar y destituir a la funcionaria. Sin embargo, le dieron un primer empujón al sueño correísta.

El apoyo suena lógico si se piensa que es parte del engranaje de la alianza legislativa que las tres organizaciones políticas anunciaron al inicio de la instalación de la Asamblea. Mas la lógica se rompe cuando los mismos PSC y ADN anunciaron, un día antes, que se unen a los principales detractores de la RC, Construye, en su afán de llevar, en cambio, a juicio político al Consejo de la Judicatura, algo que no es del agrado del correísmo.

El exasambleísta Fabricio Villamar considera que para explicar lo que está pasando en la Asamblea hay, por lo menos, dos lecturas. La primera es que en el CAL se está aplicando un ejercicio de quid pro quo, es decir, ‘tú me das eso yo te doy lo otro’, para que todo se dirima en las comisiones y luego en el pleno y no generar conflictividad en el Consejo de Administración Legislativa.

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“Lo otro es que el pacto entre RC, PSC Y ADN se acabó con la elección de autoridades de la Asamblea y es así como hay que entenderlo. De aquí en adelante los acuerdos se lograrán en función de intereses puntuales del momento”, considera Villamar. Eso explicaría el estar un día con una tesis y, al siguiente, con otra.

Pese a votar por el inicio del juicio político, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, del PSC, volvió a ratificar el 7 de diciembre de 2023 que su organización política no apoyará la censura y destitución de Salazar, al considerar que no existen causales, lo que hace menos comprensible el que hayan puesto los votos para seguir con el trámite.

A Pablo Santillán, exprosecretario del Parlamento, le preocupa que al propio Kronfle, y a través de él a su bloque, se le esté olvidando lo que fue parte de su discurso el día de la posesión de Noboa: el valor de la palabra. “Él dijo que no apoyaban el juicio político en contra de Salazar y si esa es la decisión, esto debió quedar en el CAL”.

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Santillán, sin embargo, considera que con las actuaciones últimas de ADN y el PSC estamos asistiendo a la práctica de las mayorías móviles, que en los parlamentos se activan de una u otra forma dependiendo de los temas de interés.

Henry Cucalón, exministro de Gobierno, coincide en que esto es propio de las prácticas parlamentarias, aunque en este caso dice que es preocupante que pese a los anuncios de socialcristianos y oficialistas de que se oponen al juicio, le estén dando un primer aire al enviarlo a la Comisión de Fiscalización.

“Debieron decir de frente que lo que propone el correísmo es una vulgar ‘vendetta’ contra la fiscal; en lugar de decirnos que, como premio consuelo, no van a votar en el pleno por la censura y destitución”, argumentó.

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