Cambio administrativo. La Asamblea Nacional movió su estructura hace dos meses. Así lo confirmó el vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y oficialista, Fausto Cayambe.

La justificación para ese nuevo ‘rostro’, contó a EXPRESO, “es la necesidad de otro orgánico funcional (reglamento) para adaptarnos al sistema de gestión por procesos”.

Esta modernización ‘aterrizó’ en el Reglamento Orgánico Funcional que tiene 35 artículos y seis disposiciones.

Este documento, aprobado por el CAL y en plena operación, traza el mapa organizacional de esa gestión por procesos. Estos se dividen en gobernantes, como la presidencia del Parlamento; agregadores de valor, como el pleno, y habilitantes, como comunicación, dice el reglamento.

Pero también hubo cambios para la burocracia. Se crearon tres secretarías: dirección general administrativa, comunicación y tecnología, y la de protocolo. Eso implica que elevaron el rango de quienes están al frente de ellas, su salario bordea los 4.000 dólares, según la escala salarial de la Asamblea.

En la práctica, esas secretarías tienen el mismo nivel que la secretaría general. Pero esta es elegida por el pleno de la Asamblea, mientras que las nuevas nacieron en este reglamento.

Esas áreas, llamadas de procesos, deben presentar productos y servicios, es decir, resultados concretos.

Por ejemplo, el proceso gobernante de la gestión de la presidencia de la Asamblea, para hablar con el lenguaje administrativo, tiene 28 responsabilidades. Una de ellas es nombrar y remover al personal de la Función Legislativa.

Para la oposición, esta reorganización “aumenta los poderes de la titular del Legislativo”.

La presidencia también debe elaborar la agenda planificada, o el informe de rendición de cuentas. En participación ciudadana, por ejemplo, que tiene 14 atribuciones y responsabilidades, uno de sus productos es hacer una base de datos de actores territoriales.

¿Quién califica a estas áreas? El Comité de Calidad y Desarrollo Institucional, que vela por el mejoramiento de la eficiencia institucional.

En esta modernización todo se resuelve con papeles, aunque el Gobierno insiste en lo contrario: informes, solicitudes, actas, asistencias, excusas y justificaciones de inasistencia y atrasos de los asambleístas. Por eso, para los opositores, el ahorro queda en el aire.