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Asamblea. La Comisión de Transparencia, presidida por Ferdinan Álvarez, llamó a los titulares de la Judicatura para analizar la actuación de la jueza Ibarra.René Fraga / EXPRESO

Almeida dice que no ofendió a la jueza Ibarra, “fui enérgico ante la corrupción”

El asambleísta explicó su reacción ante la jueza que frenó la posesión del Superintendente de Bancos. Dijo que estaba indignado

El griterío que se armó durante la audiencia en la que la jueza Larissa Ibarra declaró nulo el nombramiento de Raúl González, como titular de la Superintendencia de Bancos, tuvo entre sus protagonistas al legislador Luis Almeida, del Partido Social Cristiano.

Da vergüenza que haya mujeres de jueza como usted, cuanto tiene que ser el juez un hombre honrado, un hombre transparente, eso debería ser un juez”, le gritó Almeida.

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En la grabación de ese episodio, que fue divulgado en redes sociales, también se escucha a Almeida calificarla como “corrupta”, “jueza inmoral” y “jueza vendida”.

El legislador dice que él no la ofendió y menos por ser mujer. “Fui enérgico contra la corrupción”. Agrega que lo que causó su reacción fueron dos hechos concretos. “Lo que dije no es porque sea una jueza mujer, sino porque es una jueza servil. No podemos tener jueces a la carta, jueces sicarios. Esa fue mi indignación”.

El primer hecho con el que se autojustifica fue la actuación de Ibarra en la audiencia. Almeida pretendía participar en la diligencia con la figura legal de amicus curiae y ella no dio paso. Luego indica que su sobrina, Sofía Almeida, miembro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), entidad que nombró a González, pidió que la jueza que excusa de conocer el caso porque Ibarra, en meses pasados, revocó las medidas cautelares de Sofía Almeida y precipitó su salida de la Presidencia del CPCCS. Finalmente, el abogado de González pidió una prórroga para conocer más sobre la acción de protección y la jueza tampoco dio paso.

“Usted no es una juez imparcial, es una juez que está comprometido con la corrupción”. Es otra de las frases que gritó el socialcristiano.

Férdinan Álvarez, legislador de UNES, fue el segundo protagonista. Él también estuvo presente en la cita judicial. "Como parte de esta Asamblea, que iba a posesionar al Superintendente , yo estoy involucrado en el caso". Si bien no se lo oye gritando, él indica que Almeida “fue enérgico” cuando notaron “irregularidades”, pero que su colega no propinó insultos machistas. 

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Entre las irregularidades mencionó que agentes de la Policía los fotografiados y que un oficial dijo que cumplía con una disposición de “Caicedo, de la Presidencia”. Luego, indica, que “la jueza nunca nos dio la cara”. Instaló la diligencia desde un cuarto contiguo al salón principal y se conectó vía telemática. Además, tanto Almeida y Álvarez, aseguraron que escucharon a la jueza hablando por teléfono y que el interlocutor era Aparicio Caicedo, asesor del presidente Guillermo Lasso. “Él le daba instrucciones y le gritaba a la jueza”, dijo Álvarez.

Caicedo negó esta incriminación. “Absolutamente falso. Nunca en mi vida he tenido ningún tipo de comunicación con ella. Ni la conozco. Se aprovechan de su inmunidad parlamentaria para lanzar injurias infundadas de ese tipo”, dijo el consejero.

Para los legisladores este episodio no quedará ahí. Dijeron que, en calidad de fiscalizadores, han conocido un sin número de quejas contra Ibarra. “El alcalde de Samborondón la denuncia por sacar a pillos de la cárcel, el funcionario de la CTE lo mismo. Además tiene una declaratoria de error inexcusable por faltas gravísimas. Pese a esto, el Consejo de la Judicatura la mantiene en su puesto”.

Este miércoles 3 de agosto de 2022, en la Comisión de Transparencia que preside Álvarez fueron llamados a comparecer los miembros del Consejo de la Judicatura Nacional y de la Dirección del Guayas, pero no asistieron. La idea era pedir explicaciones sobre la actuación de la jueza Ibarra.

El tema de fondo de todo este episodio es la designación de González. Almeida dice que él insistirá para que la Asamblea lo posesione. Además, indica que presentará una denuncia contra la jueza por presunta paralización de servicios públicos.