En 2021 se concedió 1.096 pedidos de habeas corpus a privados de libertad, pero también se emitieron 2.935 boletas de excarcelación por obtención de beneficios penitenciarios, es decir, que 4.031 presos salieron tras las rejas luego de ser favorecidos al aplicar a un recurso.

Mientras que en 2022, la tendencia sigue una ruta de crecimiento: Entre enero y abril se acumulan 1.553 recursos concedidos. Estos se dividen en: 1.124 boletas de excarcelación por prelibertad y régimen semiabierto y 429 medidas de habeas corpus.

En relación a la última institución, la experta penalista y criminóloga María del Mar Gallegos señala que no solo se debe analizar el número de los documentos entregados, sino también de forma cualitativa.

“Habría que verificar cuántas de estas estadísticas están bien otorgadas y cuántas están mal otorgadas. Porque si están bien otorgadas, el problema no es el juez, sino el sistema judicial que no está actuando dentro de derecho”, expuso.

Sin embargo, también alertó   que sería un hecho “muy vergonzoso” detectar que dichas garantías jurisdiccionales no hayan sido “bien otorgadas” porque revela una vez más las falencias en la cadena estatal de justicia. “Entonces sí seguimos en un sistema corrupto en donde se abusa de estas figuras que están bien construidas para beneficiar en justicia”.

Por su parte, el analista Joan Paúl Egred enfatiza, además, que el número excesivo de recursos presentados obedece también a las precarias condiciones de seguridad, salud y la falta de atención en todos los aspectos de convivencia.

“Obedece a que el Estado no está consciente de las gravísimas condiciones que implica estar en privación de libertad y por eso los procesados, sentenciados y abogados, encuentran en el habeas corpus la salida para que un juez consciente de estos hechos pueda permitir la salida, parcial, permanente o temporal, según lo que se pida”.

En todo el país existen apenas 25 jueces de garantías penitenciarias para los más de 40.000 presos en Ecuador. En 2021 el Consejo de la Judicatura pidió a 135 jueces penales y 95 de tránsito que también tramiten los casos carcelarios. En ese orden, el penalista Roberto Brunis identifica otra falencia en el sistema judicial para la concesión de los recursos legales solicitados.

“Los jueces deben tener la habilidad para generar de la mejor forma una evaluación para que el privado de libertad tenga acceso o no a esos beneficios... Debe hacer balances permanente”.

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Trámites

Más carpetas por despachar. Ayer, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) indicó que era “necesaria la incorporación inmediata de personal técnico para viabilizar los expedientes de acceso a beneficios penitenciarios”. En total son 100 servidores para atender 6.285 candidatos a beneficios penitenciarios.

Claridad

Gallegos identifica que las circunstancias humanas de los reos son diferentes, pero dice que no exime a la Corte Nacional de Justicia unificar criterios en determinadas sentencias porque como abogado se puede alegar “mil cosas y después otro PPL dice que tiene lo mismo y si no se le concede, viene el criterio de corrupción”.

Consecuencia

Para Egred, el problema actual es el resultado de otro abuso: el exceso del pedido de prisión preventiva “por parte de fiscales y por supuesto, mal análisis de los jueces para otorgar la medida cautelar. Eso es lo que se debe apuntar a cambiar”. Sostiene que sería una solución urgente antes que    reestructurar las cárceles.