Cientos de policías sancionados, enjuiciados, procesados y sentenciados dejó la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 que hoy cumple 10 años.

Lo que inició como una protesta contra la ley de servicio público por la eliminación de beneficios de los uniformados degeneró en actos violentos que concluyeron con cinco fallecidos y decenas de heridos.

Entre los señalados por un supuesto intento golpe de estado en contra del expresidente Rafael Correa hubo oficiales como el coronel (sp) y asambleísta César Carrión.

Estuvo preso, fue juzgado y sentenciado. “Una fecha trágica, día de luto nacional que se pudo evitar por las propias autoridades, pero más prevaleció la ideología, el abuso de poder y la represión del gobernante de turno a quienes hablamos con la verdad”, señala el oficial.

Insiste en que hubo casos injustos denunciados que nunca se investigaron por la “cacería indiscriminada que hizo el Ejecutivo utilizando la propia justicia y la propaganda de Estado”. Se refiere a la campaña que se impulsó en el correísmo para posicionar la tesis del supuesto intento de golpe de estado. Desde el Ejecutivo se formó incluso una comisión que buscó responsables.

La Contraloría hizo un examen especial al uso de fondos públicos para festejos y gastos, adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes. El objetivo era determinar la legalidad del uso de recursos públicos en la conmemoración del 30S. Las operaciones financieras de 10 instituciones, con la Presidencia a la cabeza, fueron auditadas.

Según el informe, contrataron bienes y servicios pero las adquisiciones no tuvieron que ver con los objetivos institucionales. No se justificó el uso de recursos del Estado para la difusión de cuñas, producción de spots, publicidad en redes, alquiler de vallas por 1,6 millones de dólares.

Carrión cree que a 10 años de la revuelta policial hay una gran deuda de la justicia para los que presentaron denuncias en Fiscalía y no las tramitaron. Se refiere a casos como el de Efrén Calderón asesinado en el sector de La Marín, el de Nelson Puentestar que estuvo 15 días en coma o las muertes de Froilán Jiménez, Jacinto Cortés y otros. 

La semana pasada y a punto de la prescripción de la acción por la muerte de Jiménez y dos víctimas más, la Fiscalía formuló cargos para cinco militares (sp) relacionados con la operación para evacuar a Correa del Hospital de la Policía.

Carrión añade que tampoco se investigó de manera imparcial y justa al coronel Rolando Tapia, otro sentenciado. Quienes se consideran víctimas del 30S se unieron y luchan por conseguir justicia. Existen alrededor de 1.435 denuncias por la presunta violación de derechos tras la revuelta. Los uniformados separados dicen que esperan justicia.

Fidel Araujo, un militar retirado, fue sentenciado por instigar a la rebelión. Menciona que la justicia está en deuda con los perjudicados “sea por la muerte de ciudadanos, por las heridas incurables o por la persecución judicial miserable y cobarde a algunos ciudadanos como yo que buscaron inculparnos”.

Ofrece que no descansará “hasta encontrar justicia y reparación integral”. Señala que hubo “administradores de justicia que omitieron leyes y la Constitución para someterse a las órdenes criminales de Correa”.

En 2016 había 298 personas procesadas. Se habían abierto 74 casos. Los delitos investigados fueron rebelión, sabotaje y terrorismo, paralización de servicios, tentativa de magnicidio, entre otros. 

Investigados

Hubo Civiles involucrados

No solo militares y policías fueron involucrados en las investigaciones del 30S. La maestra Mery Zamora fue otra de los procesados por el caso. En Latacunga, Cotopaxi, Paúl Jácome fue procesado y estuvo preso por supuestos daños a la propiedad pública.