Más de 20.000 ecuatorianos dependen de diálisis: expertos plantean un cambio urgente

La enfermedad renal crónica dejó de ser un problema silencioso para convertirse en uno de los mayores desafíos del sistema de salud ecuatoriano. Cerca de 20.000 personas dependen actualmente de terapias de reemplazo renal para mantenerse con vida, una cifra que refleja la urgencia de replantear el modelo de atención. Bajo ese escenario se desarrolló el foro "Ecuador sin Diálisis, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), un espacio que reunió a especialistas en nefrología, salud pública, economía y derecho para debatir cómo garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar que más pacientes lleguen a etapas irreversibles de la enfermedad.

Un diagnóstico temprano es vital ante la diálisis

El consenso entre los participantes fue claro: el país necesita dejar de concentrar sus esfuerzos únicamente en la diálisis y fortalecer la prevención. Para el médico e investigador Esteban Ortiz, director del Grupo de Investigación One Health de la Universidad de Las Américas, uno de los principales problemas radica en la detección tardía de la enfermedad. "Desde la epidemiología, la atención tiene una deficiencia en estrategias de prevención y promoción que permitan diagnosticar de forma temprana enfermedades renales que se detectan con un examen relativamente simple en el primer nivel de atención en salud", sostuvo durante el encuentro.

La visión fue compartida por la nefróloga Andrea Portilla, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Metropolitano de Quito, quien recordó que, aunque la diálisis continúa siendo un tratamiento indispensable, no puede convertirse en el eje exclusivo de la política pública. "La diálisis salva vidas, pero el país necesita fortalecer la atención integral para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno desde las etapas iniciales de la enfermedad y no únicamente cuando requieren terapia de reemplazo renal", afirmó.

Una planificación sostenida a nivel nacional

Más allá del ámbito clínico, los expertos coincidieron en que la solución exige una estrategia de Estado capaz de trascender los cambios de gobierno. El investigador del Instituto de Salud Pública de la PUCE, Andrés Peralta, advirtió que la salud requiere una planificación sostenida. "La salud necesita un acuerdo nacional que trascienda los gobiernos", expresó, al señalar que una política nacional de atención renal debe integrar financiamiento, gobernanza, planificación y prestación de servicios para responder al crecimiento constante de las enfermedades crónicas.

El financiamiento de las clínicas dializadoras

El financiamiento fue otro de los puntos centrales del debate. Durante el foro se analizó el impacto que tiene la deuda acumulada del Estado con las clínicas dializadoras, un escenario que compromete la continuidad de la atención para miles de pacientes. Frente a ello, la economista María Paz Páez Boada, asesora del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS), defendió que destinar recursos oportunamente al tratamiento renal debe entenderse como una inversión. 

"Garantizar un financiamiento oportuno para los servicios de alta complejidad no debe entenderse únicamente como un gasto, sino como una inversión que protege vidas, fortalece la sostenibilidad del sistema y evita costos mucho mayores para el Estado en el futuro", señaló.

Desde la perspectiva jurídica, el debate también giró alrededor de las obligaciones estatales. El docente de la Facultad de Derecho y Sociedad de la PUCE, Felipe Castro, recordó que el acceso continuo a tratamientos para enfermedades catastróficas constituye un derecho constitucional. 

"Su garantía requiere mecanismos institucionales que permitan al Estado cumplir oportunamente con sus obligaciones, protegiendo así los derechos de los pacientes", manifestó, insistiendo en que la continuidad de los tratamientos no puede depender de problemas administrativos o financieros.

Un llamado a poner atención a la enfermedad renal

El foro concluyó con un llamado conjunto para incorporar la atención renal como una prioridad nacional. Los especialistas coincidieron en que el verdadero desafío no consiste únicamente en asegurar la diálisis para quienes hoy la necesitan, sino en construir un sistema capaz de prevenir la enfermedad, detectar los casos de forma temprana y garantizar tratamientos oportunos y sostenibles. 

La propuesta apunta a impulsar una política pública de largo plazo que fortalezca la prevención, el financiamiento y la coordinación entre todos los actores del sistema sanitario, con el objetivo de preservar la vida y reducir el impacto de una enfermedad que continúa creciendo en Ecuador.