Régimen Especial: El contrato millonario de la CNT y el MSP que oculta el rol de Dedalus

El Ministerio de Salud Pública (MSP) optó por la modalidad de Régimen Especial para la adjudicación directa de un contrato interadministrativo con la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

La elección de esta vía de contratación resulta clave para comprender cómo el proyecto llega a manos de Dedalus Group. Según los pocos datos que el Gobierno ha entregado, Dedalus aportará el software especializado de gestión hospitalaria, el cual abarca la historia clínica electrónica, el sistema RIS/PACS, el agendamiento y la farmacia.

Dinero público, pero sin transparencia

“Estamos trabajando en una transformación tecnológica del sistema público de salud, que permita conectar progresivamente los establecimientos del Ministerio y mejorar la forma en la que atendemos a los pacientes”, afirmó Ronald Spina, gerente de CNT, en un video promocional sobre el contrato.

El objetivo, según los documentos de la contratación, es la provisión de un servicio integral que incluye la implementación, operación y soporte de una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud, junto con la infraestructura tecnológica y la conectividad requeridas para la red pública.

El proceso contractual abarca un periodo de ejecución de más de siete años (2.649 días exactos) y contempla una inversión total de 240,26 millones de dólares sin impuestos. La transferencia de recursos se efectuará mediante pagos trimestrales contra la entrega y verificación formal de los servicios prestados en cada etapa.

En todo este proceso, el Gobierno decidió contar con el apoyo de Dedalus, pero se desconoce la figura de contratación utilizada. ¿Es un aliado estratégico, una subcontratación o se aplica el giro específico del negocio?

“Para cada vía hay mecanismos claros que señala la contratación pública. Por ejemplo, si Dedalus entra por subcontratación, la ley permite subcontratar solo un porcentaje del monto total. Si es giro específico del negocio y el proyecto dura más de seis meses, la ley manda a que la empresa se nacionalice”, explica Luis Alberto Andrade Polanco, docente universitario y experto en contratación pública.

La regla general de la Ley de Contratación Pública establece que un contratista no puede subcontratar la totalidad del contrato. Para elegir un subcontratista o un socio estratégico, la empresa pública contratada (en este caso CNT EP) debe contar con la capacidad técnica e infraestructura para ejecutar el objeto contractual por sí misma y justificar el componente tecnológico de valor agregado que aportan terceros como Dedalus.

Sin embargo, esa información permanece oculta. CNT determinó que, al igual que ocurrió con HealthBird, mantendrá el acuerdo con Dedalus bajo reserva. “La falta de transparencia impide conocer los detalles del acuerdo y analizar si se cumplen principios de contratación pública como el mejor valor por dinero, la concurrencia y la participación justa con criterios de calidad y eficiencia”, señala Andrade.

El contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y la CNT asigna el volumen financiero principal a la Plataforma Integrada de Información en Salud. Con una inversión de $140,4 millones, este componente representa el 58,44 % del presupuesto global de la adjudicación.

Su ejecución abarca el licenciamiento, despliegue y soporte de la historia clínica electrónica, el sistema de agendamiento, la gestión de farmacia, los laboratorios y el almacenamiento de imágenes médicas para toda la red hospitalaria estatal.

¿Este es el rubro que estará a cargo de Dedalus? Ninguna de las instituciones ha entregado información detallada sobre el empleo de estos recursos públicos. Por ahora, solo la Comisión Nacional Anticorrupción busca acceder a los detalles a través de una demanda de habeas data.

Empresa sin oficinas en Ecuador

Uno de los puntos en común entre Dedalus y Progen o ATM, por ejemplo, es que las entidades públicas han elegido contratar empresas extranjeras que no se han domiciliado: no tienen oficinas, patrimonio ni operaciones comerciales en el país.

En los ya famosos casos de las contrataciones energéticas, esto ha influido en que el Estado no pueda recuperar el dinero entregado por servicios no cumplidos. Con Dedalus se desconocen las condiciones de contratación.