Quito reestructura rutas de buses: ¿en dónde y desde cuándo?

El plan de reestructuración de rutas y frecuencias del transporte público en Quito avanza con una nueva etapa que arrancó el 18 de junio de 2025 en el valle de Los Chillos. Esta intervención forma parte del proyecto liderado por la Secretaría de Movilidad, cuyo objetivo es mejorar la cobertura del servicio y fortalecer la conexión con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía .

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El secretario de Movilidad, Álex Pérez, detalló que en esta zona, que incluye parroquias como Amaguaña, Conocoto, La Merced, El Tingo, Píntag, entre otras, operan actualmente 18 rutas de transporte. En esta etapa, siete rutas fueron extendidas y se añadieron dos nuevos ramales, sumando un total de nueve modificaciones operativas.

El 18 de junio se realizaron pruebas en territorio para evaluar la funcionalidad de los cambios y recoger la retroalimentación de los usuarios, insumo clave para oficializar las nuevas rutas. “Queremos ampliar la cobertura especialmente en zonas rurales, donde existe una menor oferta de transporte, y mejorar la conexión con los corredores longitudinales”, explicó Pérez.

Reestructuración en el norte será la próxima fase

Para la próxima semana está previsto intervenir el norte de Quito, donde se ajustarán 15 rutas. Las modificaciones incluyen cinco extensiones, siete nuevos ramales y el cambio de trazado en tres rutas. La meta es mejorar la conexión con estaciones como El Labrador, el corredor Central-Norte y la Ecovía.

Zonas como Comité del Pueblo, Carapungo, La Roldós, Don Bosco, Mastodontes y Bicentenario se incluyen en esta nueva fase del plan. Según la Secretaría, en varios casos se optará por crear ramales que conecten barrios cercanos sin servicio, en lugar de generar rutas ineficientes y se evita duplicidades.

Corredor Sur Occidental: lecciones y ajustes necesarios

El primer avance del plan se aplicó a inicios de 2025 en el Corredor Sur Occidental, donde se modificaron 10 de las 21 rutas existentes: seis fueron ampliadas y cinco recortadas. Sin embargo, dos de ellas, la R14 y R15, se mantienen en revisión tras recibir observaciones de los usuarios.

La R15, por ejemplo, tenía previsto recortar su trayecto hasta la estación multimodal La Magdalena para integrarse con el metro de Quito, pero la medida no fue ejecutada por oposición ciudadana. Algo similar ocurrió con la R13.

Juan Ortiz, presidente del Corredor Sur Occidental, señaló que aunque ya se hicieron ajustes en varias rutas, aún hay temas pendientes: “De las 21 rutas, seis fueron intervenidas y en dos hubo inconvenientes”.

Ortiz mencionó que algunos tramos operativos no son sostenibles. “La ruta Mena 2, por ejemplo, recorre desde La Magdalena hasta el Seminario Mayor, pero en ese trayecto no recoge pasajeros. Eso representa un gasto operativo innecesario”, dijo.

“El objetivo es que las rutas se integren con el metro, pero también que alimenten al propio corredor. Así el usuario ya no paga otro pasaje si es que no sale del sistema”, agregó. 

Obstáculos legales para una reestructuración global

Uno de los principales desafíos para avanzar en la reestructuración total del sistema radica en un proceso judicial pendiente. El concurso de rutas y frecuencias convocado en 2020 fue suspendido tras una demanda de nulidad presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Jorge Yánez, dirigente del transporte, recuerda que existe una resolución judicial vigente que impide intervenir en las rutas involucradas en ese concurso. “Tanto los transportistas como el Municipio estamos atados de manos”, afirma.

A pesar de esa limitación, la Secretaría de Movilidad sostiene que es posible realizar ajustes puntuales en las rutas ya existentes, sobre todo en sectores que carecen del servicio. Estas intervenciones incluyen extensiones de recorrido y creación de ramales, siempre evitando duplicidad con otras operadoras.

Álex Pérez asegura que el Municipio mantiene activas las mesas de diálogo y negociación con los distintos actores del sistema para buscar una solución legal al conflicto del concurso. “Con algunas operadoras hemos avanzado, con otras no. Mientras tanto, el proceso no se puede detener”, señala.

Aunque no existe un plazo oficial, desde la Secretaría se han propuesto avanzar hasta julio con las mesas de trabajo. “Si no se alcanza un acuerdo, será la justicia la que deberá emitir una resolución”, concluye Pérez.

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