Pasaje en Quito: concejales cuestionan el alza de tarifa y la compensación a transportistas

Los ediles que votaron en contra de la ordenanza para incrementar el pasaje de $0,35 a $0.40 desde enero de 2027 cuestionan la falta de indicadores concretos para medir la calidad del servicio y que los transportistas reciban una compensación de $23 millones.

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La ordenanza fue aprobada este 8 de septiembre de 2026 con 14 votos a favor y seis en contra y establece que la compensación a los transportistas se active desde la sanción de la norma, mientras que el incremento que deberán asumir los pasajeros comenzará en enero.

Para el concejal Michael Aulestia, esta diferencia entre las fechas genera dudas sobre quién termina asumiendo el costo de la decisión.

“Los quiteños merecen transparencia sobre quién paga y quién se beneficia”, sostuvo el edil. También cuestionó que los operadores privados reciban los recursos de manera inmediata mientras los usuarios empezarán a pagar el incremento varios meses después.

El concejal considera que la decisión traslada hacia la ciudadanía el costo de la compensación y permite a la actual administración evitar, por ahora, el impacto político que tendría el incremento de la tarifa.

Cuestionamientos al respaldo presupuestario

Otro de los cuestionamientos planteados durante el debate tiene que ver con la forma en que se certificó el cumplimiento de los requisitos presupuestarios para entregar la compensación.

Aulestia sostuvo que ninguna dependencia del Municipio ha asumido de manera integral la responsabilidad de certificar que el subsidio cumple con las exigencias presupuestarias establecidas en la ley. Agregó que cada dependencia limita el alcance de su pronunciamiento y deriva parte de la responsabilidad a otra instancia municipal.

El concejal también cuestionó que la ordenanza no establezca suficientes indicadores de calidad del servicio con metas medibles, plazos definidos y consecuencias automáticas ante eventuales incumplimientos.

A su criterio, el desembolso está condicionado principalmente al cumplimiento de hitos tecnológicos y administrativos, pero no necesariamente a resultados que puedan ser comprobados por los pasajeros, como la frecuencia de los buses, los tiempos de espera o la cobertura.

“¿Ha mejorado el transporte en estos seis años?”

La concejala Analía Ledesma también puso en duda que las condiciones actuales del transporte justifiquen el incremento.

Recordó que en 2020 se aprobó la Ordenanza 017, en la que ya constaban compromisos, especificaciones técnicas y promesas de mejoras similares a las planteadas ahora.

Su cuestionamiento se centró en el tiempo transcurrido desde entonces.

“¿Ha mejorado el transporte en estos últimos seis años?”, planteó Ledesma, al señalar que ahora se espere que las mejoras se concreten en apenas tres meses, antes de que entre en vigencia la nueva tarifa.

Para la concejala, si las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas no han permitido una mejora suficiente de la calidad del servicio desde 2020, no existe justificación para elevar la tarifa antes de que esas mejoras sean visibles para los usuarios.

Ledesma también cuestionó que el Municipio destine recursos a los transportistas mientras espera que las condiciones del servicio mejoren.

Preocupación por la tarifa preferencial

Otro de las inquietudes planteadas fue la modificación de la normativa relacionada con la tarifa preferencial, particularmente para personas con discapacidad.

Ledesma advirtió que la ordenanza deroga disposiciones metropolitanas relacionadas con la tarifa preferencial. Aunque se mantendría el beneficio del 50% previsto en la legislación nacional, la concejal señaló que existe una diferencia entre lo establecido en una norma y lo que ocurre en la práctica.

Puso como ejemplo las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a los buses, especialmente cuando las unidades no se detienen en las paradas o no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad.

Menciona que modificar las reglas de la tarifa preferencial podría afectar a uno de los grupos considerados de atención prioritaria.

El costo también aumenta en las zonas rurales

Pero en las parroquias rurales el incremento, dependiendo de la distancia, sobrepasa los $ 0,5. El concejal Andrés Campaña citó como ejemplo que el recorrido Marín-Píntag pasará de $0,90 a $1,10, mientras que el trayecto entre el Quicentro Sur y Carapungo subirá de $1,10 a $1,40.

Campaña recordó que desde 2021 se han anunciado cambios para mejorar el sistema, pero considera que las condiciones del transporte para las familias de las zonas rurales siguen siendo precarias.

El edil también reclamó una rendición de cuentas sobre las compensaciones para los transportistas y expresó su preocupación por los cambios en las tarifas preferenciales.

Para Campaña, eliminar o restringir estos beneficios podría constituir una regresión de derechos para los grupos de atención prioritaria. Por ello, adelantó que, si la medida se concreta en esos términos, acudirá a la Corte Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad.