"Es un paquetazo": representante de la silla vacía sobre aumento del pasaje en Quito

Con la presencia de 18 ediles, este martes 8 de septiembre de 2026 comenzó en el Concejo Metropolitano el debate del proyecto de ordenanza que plantea incrementar el pasaje del transporte público convencional de 35 a 40 centavos y establecer una compensación de 23 millones de dólares para los transportistas.

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El debate se desarrolla luego de siete mesas de trabajo, según explicó Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad. El funcionario detalló que 23 personas se acreditaron para intervenir bajo la figura de la silla vacía, entre usuarios, transportistas, estudiantes y académicos. Durante la sesión de este martes, ocho de ellas solicitaron la palabra.

La propuesta busca, entre otros objetivos, mejorar la cobertura, la integración y la calidad del servicio de transporte público. El proyecto también contempla obligaciones para los operadores, entre ellas la implementación del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), el Sistema de Información al Usuario (SIU) y el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en las unidades.

Críticas al incremento del pasaje

Durante el debate surgieron cuestionamientos al proyecto. Alejandro Aguayo, uno de los representantes acreditados por la silla vacía, sostuvo que la iniciativa nació como respuesta a la presión ejercida por los transportistas.

A su criterio, el incremento no se justifica debido a que la calidad del servicio no ha mejorado. Aguayo calificó la propuesta como un "paquetazo" y cuestionó que los usuarios tengan que asumir un mayor costo por un servicio que, según dijo, es deficiente.

Jhony Hernández, también acreditado a la silla vacía, advirtió sobre lo que considera una falta estructural en el proyecto, particularmente respecto de las personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.

Hernández señaló que el transporte debe garantizar seguridad y accesibilidad para todos los usuarios y cuestionó la ausencia de mayores mecanismos tecnológicos. También planteó la necesidad de establecer indicadores claros de calidad, universalidad y sostenibilidad.

¿De dónde saldrán los $ 23 millones?

Uno de los puntos clave del debate fue el origen de los recursos destinados a la compensación de los transportistas.

El concejal Michael Aulestia preguntó al secretario de Movilidad, Alex Pérez, de dónde saldrán los $ 23 millones y bajo qué mecanismos se distribuirán.

Pérez explicó que, dentro de la propuesta analizada, la entrega de la compensación no implica dejar de ejecutar ninguna obra. Señaló que, debido a problemas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el proceso correspondiente a la solución vial Rumihurco fue dado de baja.

Según el secretario, estos recursos serán trasladados a la Secretaría de Movilidad y se prevé entregar la compensación a los transportistas bajo el cumplimiento de determinados requisitos.

El mecanismo y las condiciones para acceder a estos fondos forman parte de los aspectos que deberán definirse durante el tratamiento de la ordenanza.

Por su parte, el concejal Bernardo Abad adelantó que votará en contra del proyecto de ordenanza. En su intervención afirmó que desde que se incrementó la tarifa en 2021 no se ha cumplido ningún parámetro de calidad.

Para que la ordenanza se apruebe en el Concejo se necesita el voto favorable de 12 ediles.