Con 14 votos a favor, el Concejo aprueba el alza del pasaje en Quito

Después de más de cinco horas de debate, el Concejo Metropolitano aprobó este 8 de septiembre de 2026 el proyecto de ordenanza que establece el incremento de la tarifa del transporte público de $ 0,35 a $ 0,40, a partir de enero de 2027 y la entrega de una compensación de $23 millones a los transportistas. 

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La propuesta obtuvo 14 votos a favor y seis abstenciones de los concejales Analía Ledesma, Andrés Campaña, Michael Aulestia, Bernardo Abad, Blanca Paucar y Fidel Chamba. 

El debate, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos. La principal crítica durante la sesión fue si una tarifa más alta se justifica cuando persisten problemas en la calidad del servicio.

Cuestionamientos durante el debate

Los ciudadanos acreditados a silla vacía mencionaron que el incremento no está acompañado de mejoras que puedan ser comprobadas por los usuarios.

Alejandro Aguayo, representante de silla vacía, sostuvo que el proyecto surgió por la presión de los transportistas pro la paralización del pasado 5 de mayo y cuestionó que se pretenda aumentar la tarifa mientras el servicio continúa deteriorándose. Calificó la propuesta como un “paquetazo” y consideró que no existen razones suficientes para justificar el incremento.

Jhony Hernández, otro integrante de silla vacía, señaló que el proyecto mantiene una “falta estructural grave”, particularmente en lo relacionado con las personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.

Hernández cuestionó la falta de accesibilidad, seguridad y tecnología en el sistema de transporte. A su criterio, la discusión sobre la tarifa debería estar vinculada a indicadores de calidad, universalidad y sostenibilidad. “El transporte no es inclusivo”, sostuvo, al señalar que todavía faltan herramientas tecnológicas que permitan garantizar mejores condiciones para los usuarios.

Durante el debate también se expusieron problemas cotidianos que enfrentan los pasajeros como el irrespeto a las paradas, los correteos entre buses para disputar pasajeros, además de siniestros de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Para los ciudadanos y usuarios, estos problemas debían resolverse antes de trasladar un nuevo costo a los pasajeros.

El Municipio le apuesta a la tecnología para fiscalizar

Frente a los cuestionamientos, la Secretaría de Movilidad sostiene que el aumento de la tarifa estará acompañado de mecanismos de control que permitirán verificar de manera automática el cumplimiento de las obligaciones de las operadoras.

Álex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que las empresas deberán cumplir requisitos generales como contar con un contrato de operación y habilitación, tener los vehículos matriculados y con la Revisión Técnica Vehicular vigente, no mantener deudas con el Municipio, entre otros.

A esto se suman nuevos hitos establecidos en la ordenanza. Uno de ellos plantea que hasta el 31 de diciembre de 2026 todas las operadoras deberán implementar el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), con los equipos homologados, contratos de servicio y pruebas realizadas. Si es que no se cumple, la ordenanza contempla sanciones.

La intención es que todas las unidades puedan estar conectadas las 24 horas del día con el Centro de Gestión de la Movilidad. Con ese sistema, la Secretaría espera conocer en tiempo real la ubicación de cada bus, si excede los límites de velocidad, quién lo conduce o si se detiene en las paradas establecidas.

Según Pérez, esta información permitirá pasar de controles principalmente presenciales a una fiscalización automática y facilitar la aplicación de sanciones cuando se incumplan las condiciones establecidas.

Además, se prevé reforzar la capacitación de conductores y realizar mejoras operativas. La ordenanza establece también que, en un plazo de ocho meses desde su aprobación, deberá implementarse el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con el objetivo de contar con datos reales que permitan diseñar un nuevo modelo de gestión del transporte.

La apuesta del Municipio es que esa información permita, entre otras cosas, controlar el respeto de las paradas y reducir el correteo entre unidades.

¿Qué pasa con la tarifa rural?

Otro de los cuestionamientos durante la sesión fue sobre la tarifa rural. El concejal Andrés Campaña citó como ejemplo el recorrido Marín-Píntag, cuya tarifa pasaría de $ 0,90 a $ 1,10, y el trayecto entre Quicentro Sur y Carapungo, que subiría de $ 1,10 a $ 1,40.

Campaña cuestionó que desde 2021, cuando el pasaje pasó de $ 0,25 a $ 0,35 se hayan planteado cambios en el sistema de transporte sin que las condiciones hayan mejorado. Agregó que las familias siguen enfrentando un servicio precario y reclamó una rendición de cuentas sobre las compensaciones que se entregarán a los transportistas.

De su parte, Jorge Yánez, representante del gremio, mencionó que todo el proceso previo al segundo debate permitió enriquecer la propuesta y buscar una solución que contribuya a mejorar el sistema de transporte de superficie. El objetivo, dijo, es llevar a los buses el nivel de servicio que actualmente ofrece el Metro de Quito.

“Necesitamos tener esa continuidad del servicio para no afectar al usuario y establecer hitos que permitan ir implementando tecnología”, aseguró.