Transporte público en Quito: 40 operadoras fueron sancionadas tras el paro del 5 de mayo

La Secretaría de Movilidad de Quito ha sancionado hasta el momento a 40 operadoras de transporte público por incumplimientos detectados durante la paralización del servicio registrada el pasado 5 de mayo. Otros procesos administrativos todavía están en trámite, debido a que las empresas han presentado pruebas y descargos.

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Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que los procedimientos avanzan de acuerdo con las garantías del debido proceso. Según señaló, algunas operadoras han presentado sus argumentos de defensa, mientras que otras han aceptado los cargos.

“Nosotros tenemos ya 40 sancionados. Todavía tenemos algunos que están en procesos legales”, explicó Pérez al referirse al avance de los expedientes.

El funcionario señaló que la Secretaría continúa con la revisión de los casos pendientes y que todavía quedan algunos procesos por resolver. La cifra podría aumentar conforme concluyan las etapas administrativas correspondientes.

Operadoras fueron fiscalizadas durante la paralización

Las sanciones se originaron en los controles realizados el 5 de mayo, cuando la Secretaría de Movilidad desplegó operativos en terminales y puntos de despacho de Quitumbe, El Labrador y La Ofelia para verificar si las operadoras estaban prestando el servicio de transporte público.

El resultado de los controles evidenció un alto nivel de incumplimiento. De las 64 operadoras evaluadas, apenas siete mantenían una operación activa, mientras que las otras 57 no registraron un servicio efectivo durante el periodo de fiscalización.

Los operativos comenzaron desde las 05:30, en medio de las restricciones de movilidad vigentes en esa jornada. Los funcionarios recorrieron paradas y puntos de despacho para constatar la circulación de las unidades.

Procesos siguen por descargos y presentación de pruebas

Tras detectar los incumplimientos, el Municipio de Quito anunció el inicio de procesos administrativos sancionatorios contra las operadoras que no cumplieron con sus obligaciones.

Sin embargo, las sanciones no se aplican de manera automática. Las empresas tienen la posibilidad de presentar descargos y pruebas dentro del procedimiento administrativo, por lo que algunos expedientes todavía permanecen abiertos.

Pérez indicó que la Secretaría debe respetar los tiempos establecidos para cada proceso antes de emitir una resolución definitiva.

De esta manera, 40 operadoras ya tienen una sanción, mientras que los expedientes restantes continúan en análisis. La Secretaría espera concluir los procedimientos pendientes una vez que se cumplan las diferentes etapas de defensa.

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte público puede generar sanciones económicas. De acuerdo con la normativa vigente, las operadoras podrían enfrentar multas de hasta ocho Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU), dependiendo de la infracción determinada.