La Mariscal, el tradicional barrio de Quito convertido en una 'cantina'
Moradores de La Mariscal han sido testigos de riñas por el exceso de consumo de licor en la vía pública
“Vivimos intranquilos, en zozobra. Un barrio tradicional como La Mariscal, donde han residido presidentes y escritores destacados, se ha convertido en una cantina pública”. Así describe Miguel Pozo la situación que aqueja a los sectores aledaños a universidades privadas ubicadas en el centro-norte de Quito.
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La problemática del consumo de alcohol en las calles no es nueva, pero los vecinos afirman que ha alcanzado niveles preocupantes. El caos es parte del paisaje: acceder a sus propios hogares es una odisea, pues las calles se han convertido en baños improvisados y es cada vez más frecuente ver riñas, muchas veces violentas.
Según Pozo, dirigente barrial, algunos jóvenes pierden el conocimiento en plena vía pública e incluso, en operativos recientes, la policía ha encontrado armas blancas y sustancias ilegales. “Llevamos años con este problema y las autoridades no han hecho nada. La policía les dice que se vayan, pero regresan. Necesitamos medidas más efectivas”, enfatiza.
Jenny, dueña de un negocio en las calles Jerónimo Carrión y Tamayo, relata que desde las 08:00 grupos de jóvenes comienzan a reunirse en el espacio público para libar. En su local, la presencia de un guardia disuade a los consumidores en la entrada, pero no evita que ocupen la acera del frente, generando conflictos y sensación de inseguridad.
Desde otro edificio cercano, una residente confirma que el bullicio empieza en la mañana y se extiende hasta altas horas de la noche. Por una cirugía que le realizaron hace poco, ella requería reposo, pero el ruido incesante, perceptible hasta el octavo piso, lo hizo imposible.
La moradora agrega que las jardineras se han convertido en basureros. Como vecinos, les piden a los jóvenes que se retiren, pero solo se trasladan a otro punto “donde nadie los confronta”, lamenta.
El mismo escenario se replica en calles como la Veintimilla y Leonidas Plaza. Trabajadores de locales de comida comentan que a lo largo del día ocurren peleas, volviendo un reto la convivencia.
Para Pozo, los rectores de las universidades deberían tomar cartas en el asunto. “¿Qué clase de profesionales están formando?”, cuestiona. “Si quieren tomar, que lo hagan en otro lado, aquí no es cantina”, dice.
Ante esa situación, los vecinos del sector han organizado plantones y utilizan megáfonos para desalentar el consumo en la vía pública. “No queremos borrachos en La Mariscal”, es el mensaje con el que intentan recuperar su barrio.
La Mariscal concentra el 40 % de casos sancionados en Quito
Según Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el consumo de alcohol en espacios públicos es una problemática constante en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), particularmente en los alrededores de universidades. La Mariscal concentra el 40 % de los procedimientos sancionatorios del año, con 870 casos de un total de 2.196 registrados entre enero y mayo de 2025.
La Universidad Central es otro foco de conflicto. Solo en 2024 se iniciaron 400 procesos de sanción y fueron retirados más de 1.000 libadores. Durante el mismo año, la AMC realizó 461 operativos, retirando a más de 7.500 personas e incautando 5.600 litros de alcohol sin registro sanitario.
La AMC ejecuta operativos semanales en conjunto con la Policía para reforzar la presencia en zonas universitarias. Sin embargo, Chiriboga advierte que muchos negocios aprovechan su Licencia metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) para vender licor bajo la fachada de restaurantes o micromercados, exacerbando la problemática.
Propuestas de reforma para controlar el comercio de licor
Por ello, se plantea la necesidad de una reforma desde las Administraciones Zonales para restringir la venta de bebidas alcohólicas en un radio de entre 500 metros y un kilómetro de instituciones educativas. Chiriboga aclara que la AMC no emite las LUAE y que la prohibición directa del comercio de licor no está contemplada en la normativa actual.
Además, señala que el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) regula la instalación de negocios en ciertas zonas, pero muchos establecimientos tienen licencias previas que les permiten operar sin restricciones. Ante esto, propone analizar una posible reforma que establezca un plazo de caducidad para esas licencias.
Por último, hace un llamado a las universidades para que asuman su parte de responsabilidad en la solución de este problema que afecta directamente a los moradores.
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