A Sonia Yance no la despertó la lluvia, sino el sonido del río, cuyo correntoso paso se escuchaba aterradoramente cercano.

“Hay solo unos dos metros de división con el río, y la creciente sobrepasa esa barrera. Desde hace tres semanas vivimos en zozobra, porque se han caído árboles, tierra. Tememos que nuestras casas sean las próximas”, comentó.

Parcayacu, al norte de Quito, es uno de los barrios más afectados por la temporada de lluvias, que hasta la semana pasada, provocó ochenta y cuatro emergencias, entre ellas inundaciones, movimientos en masa y colapsos estructurales.

Pero no es el único. La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad identificó setenta y ocho barrios como de alto riesgo, incluyendo La Libertad, San Juan y Toctiuco, en el Centro Histórico, La Pampa, el Comité del Pueblo y el Señor del Árbol. A esta lista se suman los asentamientos que rodean a veinte quebradas de la urbe.

“Lastimosamente, los incidentes que se presentan se deben a construcciones que se asentaron en franjas de seguridad sin permiso”, señaló César Díaz, director de la entidad durante  una rueda de prensa. 

El Plan Anual de Prevención y Respuesta ante eventos climáticos 2021, se presentó a mediados del pasado mes de enero. Este contaba con $ 13 millones para obras de prevención y mitigación, fondo de emergencia e intervención con maquinaria; pero las fuertes lluvias han hecho que este deba fortalecerse y sumar recursos para atender hasta 5.000 emergencias al mes.

Con este fin, se diseñó un plan de monitoreo permanente para las localidades en riesgo, y recientemente se activó un plan de prevención y respuesta ante desbordamientos, deslizamientos e inundaciones que tiene un presupuesto adicional de $ 98 millones.

“Los equipos de prevención y respuesta se encuentran alertas y trabajando en turnos rotativos las 24 horas en todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito”, agregó el funcionario municipal.

Sin embargo, pese a las declaraciones del Cabildo, los residentes de los barrios más afectados piden celeridad en las obras de mitigación y prevención para evitar afectaciones.

Entre ellos está Estefanía Pabón, de Puerta al Sol, que semanas atrás reportó la delicada situación de cien viviendas que se encuentran junto a la quebrada Carretas. Se suma al pedido Tatiana Arias, presidenta del conjunto D’Lu Village, en Santo Domingo de Conocoto, valle de Los Chillos, donde la semana pasada se cayeron dos muros de una vivienda.

Esta añadió que, si bien la emergencia fue la más grave en registrarse desde el inicio de la temporada lluviosa, no era la única. Tres semanas antes una inundación afectó el cerco eléctrico. “Vivimos en grave peligro, necesitamos respuestas urgentes, porque en la próxima puede morir alguien”, indicó.

La urbanización, explicó, colinda con un talud de 10 metros de altura, lo que vuelve al conjunto vulnerable. “Construimos legalmente. Si la zona era peligrosa, no debieron emitir los permisos. Ahorita necesitamos soluciones”, comentó.

El domingo, en cambio, el terror envolvió a los vecinos del conjunto habitacional Villarreal 1, en Pomasqui, norte de Quito, donde un muro de veinte metros se desplomó.

“La zona donde está el muro fue inhabilitada, justo porque había ese riesgo, pero no se ha hecho suficiente por reubicar las invasiones al pie de la quebrada, o por terminar el sistema de alcantarillado, que ayudaría a reducir el riesgo y a canalizar las aguas. Además hemos pedido que se dé prioridad al de la quebrada, porque tememos que la próxima vez haya muertos”, dijo Sebastián Sánchez, administrador del conjunto.