En Ecuador urgen reformas legales para frenar muertes por accidentes de tránsito
Ecuador lidera las cifras de mortalidad vial en Sudamérica
En Ecuador se pierde una vida cada dos horas por siniestros de tránsito, es decir, un promedio de 11 muertes a diario. Con ese indicador, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país lidera las cifras de mortalidad vial en Sudamérica.
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Este panorama crítico motivó el desarrollo del simposio “El derecho a llegar con vida: seguridad vial y reforma institucional”, realizado este 19 de junio de 2025 en Quito, como un espacio de diálogo y propuestas multisectoriales para reformar el marco legal, institucional y constitucional que regula la movilidad en Ecuador.
La jornada, que reunió a organizaciones sociales, expertos internacionales, autoridades y ciudadanos, tuvo como eje la necesidad urgente de una reforma estructural que reconozca la movilidad segura como un derecho humano y constitucional.
Una reforma que parte de la evidencia
Durante el simposio se presentó el informe técnico “Vías seguras, usuarios seguros, vidas salvadas”, elaborado por la organización Tandem. El documento recoge datos oficiales y análisis jurídicos que dan cuenta que si bien el número total de siniestros ha disminuido, el número de muertes ha aumentado.
En 2014 se registraron 38.638 siniestros y 3.164 fallecidos. Para 2023, bajaron a 20.994, pero las muertes subieron a 3.965. Es decir, la severidad de los accidentes ha crecido, y las medidas actuales no han logrado frenar la pérdida de vidas.
De enero a marzo de 2025, el INEC reportó 4.610 víctimas de siniestros de tránsito: 565 personas fallecieron y 4.045 resultaron heridas. En promedio, una de cada ocho víctimas no sobrevive. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la falta de elementos de seguridad como cascos o cinturones se mantienen como los principales factores de riesgo.
El informe también alerta sobre las poblaciones más vulnerables: jóvenes y adultos entre 20 y 49 años, así como niños y adolescentes de 5 a 17, para quienes los siniestros son ya la segunda causa de muerte en el país. El 81% de los fallecidos en el sitio del siniestro son hombres.
El derecho a una movilidad segura
“La movilidad segura debe dejar de ser una aspiración y convertirse en un derecho garantizado por la Constitución”, sostuvo Daniela Chacón Arias, directora ejecutiva de Tandem. Durante su intervención, expuso la experiencia de México, país que en 2020 reformó su Constitución para incluir este derecho, gracias al trabajo de incidencia ciudadana liderado por organizaciones como Polea y la Coalición Movilidad Segura.
Una de las protagonistas de ese proceso, Paola Lara, responsable jurídica de Polea, participó en el evento y compartió las lecciones aprendidas que permitieron la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México. “No se logró de la noche a la mañana, pero sí con presión social, voluntad política y trabajo técnico coordinado”, explicó.
Cambios normativos y operativos, necesarios
Además del reconocimiento constitucional, los participantes enfatizaron la necesidad de reformas legales puntuales, como la revisión del Código Orgánico Integral Penal (COIP), particularmente en lo que respecta a las contravenciones por conducción bajo efectos del alcohol o el exceso de velocidad. Juan Pablo Rosales, de la Asociación de Peatones de Quito, recalcó también la urgencia de emitir el reglamento pendiente de la Ley de Tránsito, clave para su aplicación efectiva.
Otro frente discutido fue la institucionalidad encargada de aplicar las políticas de movilidad. Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura, recordó que el 70% de los siniestros ocurren en zonas urbanas, donde la prevención y el control dependen en gran parte de los gobiernos locales. “Necesitan mayor respaldo técnico, presupuestario y normativo”, dijo.
El evento fue organizado por Tandem, Carishina en Bici y la Asociación de Peatones de Quito, con el apoyo de la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador, y la participación de representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Municipio de Quito, la academia, gremios del transporte y organizaciones de la sociedad civil.
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