Caso Triple A: ARCH y Petroecuador piden pena máxima y reparación de $61,5 millones

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y la Empresa Pública Petroecuador solicitaron al Tribunal de Garantías Penales que imponga la pena máxima prevista para el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a los procesados en el caso Triple A. Ambas entidades también requirieron una reparación integral de $61,5 millones por el presunto perjuicio económico ocasionado al Estado.

El planteamiento se presentó durante la fase de alegatos de clausura del juicio y se suma al pedido realizado previamente por la Fiscalía General del Estado, que solicitó la declaratoria de culpabilidad de los procesados, multas, la clausura de empresas involucradas y el pago del monto correspondiente al supuesto perjuicio económico. Según la Fiscalía, la pena máxima para este delito es de seis años y nueve meses de prisión.

La teoría de la acusación

Durante su intervención, el director ejecutivo de la ARCH, Christian Puente, sostuvo que en el juicio se evidenció la existencia de una estructura que habría operado entre 2020 y 2024 utilizando empresas registradas ante la entidad para desviar combustibles subsidiados hacia segmentos para los que no estaban autorizados.

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Según explicó, la investigación se originó tras detectar un crecimiento inusual en la comercialización de combustibles de 456 estaciones de servicio, luego de que la ARCH intensificara controles por el incremento del costo de los subsidios.

Puente afirmó además que las operaciones investigadas habrían ocurrido dentro de la cadena formal de comercialización de combustibles y no fuera de ella. 

Entre los elementos señalados durante el juicio constan ventas repetidas a una misma placa vehicular, comercialización hacia segmentos no autorizados, ventas sin identificación de placas, facturación superior al combustible recibido y transacciones entre operadores que, según la normativa, no podían comercializar entre sí.

El pedido contra Aquiles Álvarez y otros procesados

Como parte de sus alegatos, la ARCH solicitó que Aquiles Álvarez sea considerado autor mediato del delito investigado, junto con las compañías Copedesa y Corpalubri.

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En cuanto a las personas jurídicas, la entidad incluyó en su solicitud a las empresas Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi.

Petroecuador solicita reparación por $61,5 millones

Posteriormente intervino Andrés Erazo, representante de Petroecuador, quien respaldó la acusación de la Fiscalía y aseguró que la empresa pública es la víctima directa del supuesto esquema investigado.

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Erazo señaló que el combustible habría sido adquirido legalmente, pero posteriormente desviado hacia segmentos incompatibles mediante diferentes mecanismos descritos durante el proceso judicial, entre ellos el uso de placas vehiculares, ventas sin autorización al consumidor final y el denominado "cambiazo".

El representante de Petroecuador manifestó que las pruebas presentadas durante el juicio permitieron exponer el rol que habrían cumplido las empresas procesadas dentro del supuesto esquema de comercialización ilegal de combustibles. 

Por ello, pidió que el Tribunal disponga una reparación integral de $61,5 millones, correspondiente al perjuicio económico que, según la acusación, sufrió el Estado ecuatoriano.