La crisis que afronta el Municipio de Quito con la aparente existencia de dos alcaldes podría encontrar muy pronto una luz.

Al menos eso se desprende del anuncio de la Corte Constitucional, que ayer tenía previsto sortear la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas en contra de la resolución de la sala Civil de la Corte de Pichincha.

Esa instancia dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda al resolver un pedido de apelación de la acción de protección que la jueza suspendida María Belén Domínguez concedió parcialmente al burgomaestre.

El martes por la mañana, Santiago Guarderas golpeó las puertas de la Corte Constitucional para que dirima el conflicto. Menos de 24 horas después, esa instancia emitió un comunicado en el que informó el trámite que se daría a la acción extraordinaria de protección.

Una vez que el juez que llevará la causa haya sido definido, la Corte indicó que el caso debe pasar por una fase de admisibilidad que determinará si el organismo es competente para resolver la acción.

Posteriormente, previo a iniciar la fase de sustanciación, el Tribunal de Admisión o el ponente podrán solicitar que se altere el orden cronológico del tratamiento de las causas, es decir, acelerar el procesamiento del recurso interpuesto por Guarderas, si constituye una excepción debidamente justificada.

“Esperamos que se resuelvan, de manera ágil, las acciones que planteamos ante los tribunales competentes. Confiamos en que la justicia devuelva a Quito su dignidad”, expresó el funcionario en un tuit.

Asimismo, entre las facultades del ponente están solicitarle a Guarderas que complete o aclare los motivos de su demanda si fuese necesario.

Ya en la sustanciación, fase en la que se conocen las pretensiones de la demanda, el tribunal podrá requerir a todas las instituciones municipales los expedientes necesarios (informes, convocar a audiencia pública u otros) para elaborar un proyecto de sentencia que será conocido en sesión del pleno del organismo constitucional.

El conflicto aqueja al Municipio capitalino desde el 3 de junio cuando el Concejo Metropolitano removió a Jorge Yunda. Posteriormente, el 19 de julio, Guarderas asumió la Alcaldía luego de la revocatoria de las medidas cautelares que el juez suspendido Carlos Soto otorgó a Yunda.

Existen dos instituciones que se contradicen:

• El tribunal: “(El proceso) no tiene recursos pendientes de notificación, se encuentra ejecutoriado y los hechos subsecuentes que evidencian la posesión del vicealcalde en reemplazo de la autoridad removida, demuestran que ha sido ejecutada”, insistió el Tribunal Contencioso Electoral en un comunicado.
• La Corte: “Existen al menos cinco garantías elementales del derecho a la defensa (de Yunda) que han sido inobservadas en este procedimiento”, entre ellos la falta de tiempo para presentar su defensa el ser juzgado por una autoridad ‘imparcial e independiente’, sentenció la Corte Constitucional.

Antes, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la legalidad de lo actuado por la Comisión de Mesa que preparó el informe previo a la remoción.

El martes por la noche, el TCE aclaró que Guarderas ya se había posesionado como alcalde. También dijo que su fallo es de última instancia, y que el proceso no admite la presentación de otros recursos legales.