Universidad Amawtay Wasi: CES aprueba una segunda intervención, ¿qué motivó la decisión?

El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó este 13 de julio de 2026 una segunda intervención a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, luego de analizar los informes técnicos y jurídicos elaborados tras varias denuncias sobre el funcionamiento de la institución. La resolución fue aprobada con seis votos a favor y cuatro abstenciones.

La decisión se adoptó durante la sesión ordinaria del Pleno, en la que varios consejeros coincidieron en que la intervención constituye una medida excepcional prevista en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para corregir problemas que puedan afectar el normal funcionamiento de una universidad. Sin embargo, parte del debate se concentró en la suficiencia de las pruebas que sustentaron el procedimiento.

Tras aprobar la resolución, el CES también acordó solicitar a los integrantes del Pleno que remitan, hasta las 12:00 del martes 14 de julio de 2026, hojas de vida de postulantes para integrar la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, organismo que asumirá temporalmente la conducción del proceso en Amawtay Wasi.

Debate en el CES: consejeros dividieron criterios sobre la nueva intervención

Durante la sesión, la resolución no estuvo exenta de cuestionamientos. Aunque la mayoría del Pleno respaldó la intervención, cuatro consejeros optaron por abstenerse al considerar que los informes presentados no contenían suficientes evidencias documentales para justificar una medida de esa magnitud. El principal punto de discusión fue la motivación técnica y el debido proceso.

La consejera Carmita Álvarez, quien recordó haber estado al frente de una intervención anterior en Amawtay Wasi, sostuvo que este tipo de medidas pueden cumplir su objetivo cuando existe una planificación clara y transparencia en el manejo institucional. No obstante, explicó que decidió abstenerse porque esperaba encontrar mayores elementos probatorios en los anexos del expediente antes de respaldar la resolución.

"Me hubiera gustado encontrar en los anexos evidencias que justamente sostengan lo que está en los informes de intervención... Por lo tanto, me abstengo".

En contraste, el consejero Pablo Beltrán defendió el procedimiento seguido por el CES y aseguró que las denuncias recibidas fueron tramitadas conforme a la normativa vigente. 

"Esta es una oportunidad para poder fortalecer el servicio que presta la Universidad Amawtay Wasi... y mantener vigentes los procesos académicos para no interrumpir los sueños de los miles de estudiantes", señaló.

La consejera Ángela Calderón también se abstuvo. Argumentó que el informe de investigación fue elaborado en un plazo de apenas 48 horas, entre el 8 y el 10 de julio, tiempo que, en su criterio, resultó insuficiente para sustentar una medida excepcional como la intervención. Además, cuestionó que no se detallaran cifras concretas sobre las presuntas irregularidades detectadas.

La crisis de Amawtay Wasi se agravó durante las últimas semanas

La decisión del CES llega después de varias semanas de tensión en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. En los últimos meses, estudiantes, docentes y trabajadores denunciaron una profunda crisis institucional marcada por problemas administrativos, incertidumbre sobre la continuidad académica y cuestionamientos al manejo de los recursos públicos.

La situación también fue analizada por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, donde autoridades universitarias, representantes estudiantiles y funcionarios del Gobierno expusieron versiones contrapuestas sobre el estado de la institución. Durante esas comparecencias se alertó sobre el impacto que la crisis podría tener en más de 2.200 estudiantes, de los cuales alrededor del 69 % son mujeres y 54 % pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, según datos expuestos por la propia universidad.

En esas sesiones también se debatió el presupuesto asignado a Amawtay Wasi. Las autoridades explicaron que la universidad recibió inicialmente un presupuesto prorrogado cercano a 7 millones de dólares y posteriormente recursos adicionales, aunque sostuvieron que esos montos seguían siendo insuficientes para garantizar el funcionamiento de la institución. Mientras tanto, estudiantes y docentes reclamaron mayor transparencia y soluciones para evitar que el conflicto afecte el desarrollo del año académico.