Armando Muyolema: "La Universidad Amawtay Wasi no responde a agendas partidistas"

La Universidad Amawtay Wasi es la primera universidad pública intercultural del Ecuador y basa su modelo educativo en el fortalecimiento de las lenguas indígenas, los saberes ancestrales y las formas de vida de los pueblos y nacionalidades. Además de la formación profesional, impulsa proyectos de investigación enfocados en la recuperación y preservación de estos conocimientos.

La Universidad Intercultural Amawtay Wasi enfrenta una crisis por la reducción de su presupuesto, situación que ha afectado la renovación de contratos del personal administrativo y ha generado preocupación sobre su funcionamiento. En medio de este escenario, también enfrenta la posibilidad de una intervención del Consejo de Educación Superior (CES). El rector, Armando Muyolema, explica a Diario EXPRESO cómo llegó la institución a este punto y qué acciones prevé para garantizar su continuidad.

Hay voces que aseguran que usted mantiene una relación cercana con Leonidas Iza y que eso habría generado un ambiente de tensión dentro de la universidad, tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Qué responde a esos señalamientos?

La Universidad Amawtay Wasi no se gobierna desde relaciones personales ni desde agendas partidistas. Esta es una institución profundamente académica. Yo soy un académico y mi gestión se debe estrictamente a la ciencia, la investigación y la formación superior. Aquí no existe espacio para el adoctrinamiento político de ninguna índole.

Nos regimos por un marco legal y por órganos colegiados que garantizan el pluralismo y el pensamiento crítico. Como universidad intercultural mantenemos diálogo con distintos actores sociales y territoriales, pero siempre desde la cooperación académica y no desde la militancia política.

La universidad ha advertido sobre dificultades económicas. ¿Cuál es la situación financiera actual de Amawtay Wasi y cuánto presupuesto necesita para garantizar su funcionamiento?

La situación es bastante compleja. Al iniciar julio no hemos podido renovar los contratos de un importante porcentaje del personal administrativo, por falta de recursos. Para proteger el derecho de los estudiantes, hemos priorizado mantener la planta docente y el área académica, de manera que puedan concluir el semestre sin mayores contratiempos, mientras la universidad sigue operando con un equipo administrativo reducido.

Cuando asumimos la administración recibimos una institución con déficit presupuestario, sin recursos suficientes para cubrir incluso la nómina. En 2025 trabajamos con un presupuesto prorrogado de $7 millones y posteriormente se anunció un incremento hasta $12,2 millones, pero esos recursos nunca estuvieron realmente disponibles para ejecutar los proyectos planificados. Finalmente, la asignación efectiva fue de $3,6 millones, monto que resulta insuficiente para cubrir las necesidades operativas de la universidad.

¿Han recibido alguna respuesta o compromiso del Gobierno para incrementar el presupuesto y evitar que la crisis se agrave?

Después de que se conoció la reducción presupuestaria, el propio Gobierno nos convocó a una mesa técnica para revisar las cifras y analizar un incremento del presupuesto. Durante varios meses presentamos toda la información requerida sobre nuestras necesidades, proyectos y planificación institucional, convencidos de que se estaba construyendo una solución conjunta. Sin embargo, cuando esperábamos que se definiera el financiamiento, las conversaciones se detuvieron y no obtuvimos una respuesta concreta.

Se ha hablado de una posible intervención del Consejo de Educación Superior (CES). ¿Qué información conoce al respecto?

Hace pocos días representantes del Consejo de Educación Superior realizaron una visita a la universidad tras una denuncia. Respondimos todas las preguntas y entregamos la información solicitada. Posteriormente conocimos que se conformó una comisión de investigación basada en un documento que supuestamente fue presentado por una estudiante.

Sin embargo, la propia estudiante negó haber firmado esa denuncia, presentó una acción en la Fiscalía por presunta suplantación de identidad y notificó al CES que ese documento no fue elaborado por ella. Desde nuestro criterio, esa denuncia carece de sustento jurídico y, por tanto, no debería servir como base para un eventual proceso de intervención.

Al momento de la entrevista, la denuncia seguía en trámite y era la base de la investigación iniciada por el CES. Sin embargo, días después, la Universidad Amawtay Wasi le informó a Diario EXPRESO que el proceso había sido archivado.

Con el presupuesto actual, ¿existe un riesgo real de que Amawtay Wasi suspenda actividades o reduzca su oferta académica?

Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a nuestra comunidad universitaria. Independientemente de cualquier circunstancia administrativa o incluso de una eventual intervención, la universidad continuará funcionando y los estudiantes podrán seguir con sus estudios.

Una intervención, en caso de producirse, afectaría únicamente la gobernanza institucional y no significaría la suspensión de clases.