Progen: posible reserva del caso en Estados Unidos inquieta en la Asamblea Nacional

La intención de la subcontratista Astrobryxa de declarar confidencial la información sobre la demanda de Celec en EE. UU. genera alarmas en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo asegura que su labor de fiscalización terminó, la oposición denuncia bloqueos y opacidad en un proceso que involucra recursos públicos y presuntas irregularidades de ministros.

El silencio de la Comisión de Transparencia ante la confidencialidad

EXPRESO intentó contactar a los integrantes de la Comisión de Transparencia, mesa que fiscalizó el caso Progen en 2025, para obtener comentarios sobre posibles acciones. Sin embargo, solo tres de los diez legisladores respondieron a los requerimientos enviados por mensajes y correos.

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Desde la bancada oficialista de ADN, el asambleísta Jorge Chamba sostiene que el Legislativo ya cumplió con su responsabilidad a través del proceso de fiscalización previo. “Nosotros como miembros de la comisión ya nos pronunciamos sobre este tema. Será la justicia que debería actuar en función de los procesos en marcha”, afirmó.

Informes de fiscalización: Entre mayorías y responsabilidades políticas

En contraste, la legisladora Germania Romero, del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la legitimidad de las actuaciones anteriores: “no se puede llamar fiscalización a un proceso que, ADN y principalmente la presidenta de la comisión Diana Jácome ha llevado de manera oculta del pueblo ecuatoriano”.

Respecto a la opacidad de la demanda de Celec en el exterior y el reciente pedido de confidencialidad de Astrobryxa, Romero considera que el tema debe ser de interés para la comisión. No obstante, advierte que cualquier iniciativa legislativa sería bloqueada inmediatamente por el oficialismo.

Por su parte, los asambleístas Blasco Luna y Guido Andrés Mendoza recordaron que el informe de fiscalización aprobado en diciembre de 2025, junto con su respectivo informe de minoría, aún no ha sido conocido por el Pleno de la Asamblea.

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El informe de mayoría, impulsado por el oficialismo, incorporó exámenes especiales de la Contraloría e investigaciones de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, no determinó responsabilidades políticas en la fallida contratación de Progen.

En contraposición, el informe de minoría detalló presuntas irregularidades cometidas por autoridades del Gobierno Nacional en el proceso de contratación para proyectos de generación eléctrica. A diferencia de la tesis oficialista, este documento señaló como posibles responsables políticos a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; Antonio Goncalves, exministro de Energía; e Inés Manzano, actual ministra de Ambiente y Energía.

La justicia de EE. UU. como única fuente de claridad

Para Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), el desinterés del oficialismo profundiza la opacidad que ha rodeado al caso desde sus inicios. Sobre la posible reserva de la demanda en EE. UU., Ramírez sostiene que es imperativo que Ecuador, a través del Ejecutivo o la Asamblea Nacional, exija transparencia para permitir el ejercicio de la contraloría social.

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Finalmente, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordó que la ciudadanía está obteniendo más información a través de la justicia estadounidense que de las propias autoridades locales. “Quizá por ello algunos están buscando que esto sea confidencial. Es un tema nacional y que involucrar recursos públicos. Aunque esto está en otra jurisdicción, muy bien el gobierno puede argumentar que esto se maneje de forma totalmente transparente”, concluyó.