La pregunta tras la publicación de The Washington Post: ¿quién domina las aguas de Ecuador?

El 13 de enero de este año, la embarcación pesquera Fiorella zarpó del pequeño puerto de Jaramijó, en Manabí, un cantón asolado por el crimen, la pobreza y la ineficacia en la provisión de servicios tan elementales como el agua potable. Una semana después, ocho de sus diez tripulantes desaparecieron en altamar, víctimas del primero de tres ataques clandestinos contra pescadores ecuatorianos reportados por la prensa nacional e internacional en lo que va del año.

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Un par de meses después, en marzo, dos barcos de pesca artesanal de origen manteño (Negra Francisca Duarte II y Don Maca) fueron atacados cerca de las Galápagos. Sus tripulaciones, según denuncian, fueron secuestradas por uniformados angloparlantes y luego internadas en El Salvador (como el Ecuador, otro aliado cercano de los Estados Unidos en esta nueva fase de la guerra contra las drogas), antes de ser regresadas de vuelta al Ecuador.

Estos incidentes se dan en el contexto de las operaciones que el gobierno estadounidense de Donald Trump viene llevando a cabo desde el año pasado en el Caribe y el Pacífico oriental, de nombre Southern Spear y Pacific Viper. La primera, centrada en el uso de bombardeos cinéticos para neutralizar embarcaciones, reporta casi 70 ataques y al menos 220 muertes; mientras que la segunda, dedicada a intercepciones en altamar, presenta cerca de 102 toneladas de droga capturadas como su principal resultado hasta mediados de este año.

El contraste entre el costo humano y el impacto real de estas acciones sobre la economía criminal en la región es llamativo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que para el 2024 la producción anual de cocaína en Sudamérica llegó a cerca de 4.000 toneladas. 

La información que sale de los Estados Unidos ilustra la situación aún más claramente: el Washington Post reportó el mes pasado que según la DEA, los efectos de la reciente política antidroga de Trump se han revertido rápidamente, con los precios de la cocaína volviendo a su normalidad después de una breve distorsión y con la pureza de la sustancia manteniéndose en niveles normales.

Lo más preocupante, sin embargo, no son estos datos, que no distan del largo historial de resultados decepcionantes en el marco de las operaciones antidroga en la región, sino la falta de transparencia que rodea los ataques contra las tres embarcaciones ecuatorianas. Ni los Estados Unidos ni el Ecuador se han adjudicado la autoría de estas operaciones. De hecho, las reacciones por parte de las autoridades ecuatorianas, o la falta de ellas, han generado fuertes cuestionamientos.

De acuerdo con las denuncias de los tripulantes de la embarcación Negra Francisca Duarte II recogidas en la prensa, ellos fueron abordados por una nave guardacostas del Ecuador antes de ser atacados, sin que se haya encontrado algún indicio de actividades delictivas.

En el caso de la nave Fiorella, la investigación de Will Freeman, quien publicó las principales revelaciones iniciales sobre este caso para el New Yorker, habla de una demora de varios días antes de que la Armada siquiera haya enviado un barco a buscar a los pescadores desaparecidos.

Esta actitud por parte de las autoridades ecuatorianas apunta hacia dos posibilidades preocupantes: una desconexión entre los mandos estadounidenses y los nuestros o una relación de complicidad entre ellos bajo el secretismo. En cualquiera de los dos casos, esto se acoplaría con lo que una reciente publicación del Washington Post indica: que este tipo de operaciones clandestinas responden a actuaciones de la CIA, posiblemente a través de operadores militares privados.

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El Post se basa en la información de vuelo de una aeronave privada cuya base de operaciones sería El Salvador, en un aeropuerto previamente utilizado por la inteligencia de los Estados Unidos. Los movimientos de ese avión revelan que voló en dirección a las áreas donde se dieron los ataques y en las mismas fechas.

En tierra firme, el panorama es todavía más oscuro. En junio, Alexandra Bravo, la fiscal que inicialmente investigaba estos ataques, fue asesinada en Manta. Y hasta hoy, gran parte de los pueblos pesqueros del país continúan bajo el virtual control de los grupos delictivos, quienes extorsionan, secuestran y asesinan a los pescadores artesanales, exprimiendo los pocos recursos que se encuentran en esos lugares.

Mientras tanto, la droga sigue saliendo de las terminales portuarias del país con sus mismos destinos.