La Universidad de Nueva York y la Corte Constitucional

El 22 de septiembre, el Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), que defiende la independencia judicial y la democracia globalmente, publicó un informe cuyo título dice mucho: “Represalias del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional (CC) del Ecuador: el Estado de derecho bajo amenaza”. Y en efecto, evidencia la campaña del 2025 que intentó deslegitimar a la Corte, intimidando a sus jueces y sometiéndolos a auditorías e investigaciones penales y recortar sus competencias. Todo ello, por cumplir con su labor, esto es, controlar los excesos del poder.

El detonante para la furia inclemente del Ejecutivo fue el famoso dictamen 1-25-EE/25 de febrero de 2025. En dicho fallo la Corte analizó el Decreto Ejecutivo 493, que declaraba una vez más el estado de excepción en el país. Lo paradójico es que la CC lo avaló y declaró constitucional en la parte de: “por grave conmoción interna” y solo por sesenta días. Pero cometió el “error” de “observar” a la “autoridad” diciendo que el país llevaba un año casi ininterrumpido bajo régimen de excepción, y que un recurso que se califica como extraordinario para situaciones especiales se estaba desnaturalizando. Lo anormal estaba siendo normalizado y, por ende, ya dejaba de ser extraordinario y se convertía en forma de gobierno. Además, la Corte osó ordenar que se integre una Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de políticas para enfrentar la violencia y la delincuencia organizada.

Este es el meollo del tema, la CC estaba disponiendo que no reemplacen políticas comunes de lucha contra el crimen, propias de un régimen ordinario, con estados excepcionales. Ardió Roma, la bienamada Presidencia alegó que la Corte no tenía competencia para meterse en temas de seguridad. La Corte, a su vez, aclaró que la Comisión ordenada no la convierte en un ministerio del Interior y que solo pide coordinación entre instituciones competentes. Pero claro, sin sorpresa alguna, el Gobierno siguió decretando estados de excepción.

Ahora bien, a la Corte le corresponde la fase de seguimiento de su dictamen 1-25/EE, que abrió en el mismo fallo, La Corte ordenó entregar información y, si mal no recuerdo, convocó a una audiencia para el seguimiento. Si la CC constata incumplimiento, puede declarar el desacato al dictamen e individualizar a los responsables. La sanción más severa es la destitución del servidor público que incumple una decisión constitucional. Puede disponer, también, que se investigue el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y, adicionalmente, ejercer el control a todos los estados de excepción que se dicten. Así, la Corte puede valorar el incumplimiento del 1-25-EE/25 al revisar cada nuevo decreto y restringir su ámbito o negar la renovación. O sea, hay control pero sin sanción personal.

Claro, luego de que se acusó a la CC de ser enemiga del pueblo y llegaron las auditorías a seis jueces, también las investigaciones penales contra Alí Lozada y José Luis Terán, la renuncia de Raúl Llasag y el intento de desalojo de su sede, veamos pues, a qué se anima para cuidar la imagen institucional. El dictamen 1-25-EE/25 ofrecía una salida sensata, menos decretos y más democracia. Que diecinueve meses después siga sin cumplirse plenamente dice muy poco del Gobierno y también lo dice la NYU. Poco por decir sobre este país, salvo que está en grave riesgo el último árbitro que nos queda.