Solo la ley no basta

La Asamblea Nacional ha hecho algo que puede contribuir a combatir la criminalidad y, especialmente, la captación de menores de edad para cometer delitos. La aprobación de una ley en esta materia es un paso necesario, puede haber sido creada con las mejores intenciones, pero será su cumplimiento el que determine si realmente sirve para enfrentar el problema.

Una ley, por sí sola, no impedirá que las organizaciones criminales utilicen las redes sociales para reclutar menores. Tampoco bastará con disponer el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que promuevan el reclutamiento criminal. En el mundo digital también funciona aquello de que, hecha la ley, hecha la trampa. Si se bloquea una vía, aparecerán otras. Por eso, antes de celebrar la aprobación de la norma, hay que preguntarse si el Estado cuenta con las herramientas tecnológicas, el personal especializado y los protocolos necesarios para hacer efectivos esos bloqueos.

La respuesta tampoco puede limitarse al ámbito digital. Se necesita un trabajo coordinado entre las instituciones públicas y el sector privado, además de municipios comprometidos con la prevención. Ordenanzas que mejoren el entorno de los centros educativos, espacios públicos seguros, iluminación, recuperación de zonas abandonadas y vigilancia adecuada pueden contribuir a cerrar los espacios que hoy aprovecha el crimen organizado.

Violencia y miedo en los barrios

Pero el mayor esfuerzo debe concentrarse en los barrios. Allí donde las bandas han convertido la violencia y el miedo en parte de la vida cotidiana, es donde debe llegar el Estado con mayor fuerza. No solo con policías y militares, sino con educación, deporte, empleo, atención social y oportunidades para los jóvenes. Medellín ofrece experiencias que merecen ser estudiadas y adaptadas a nuestra realidad, por los resultados que han conseguido en materia de intervención urbana y prevención.

La prevención efectiva se construye con acciones, programas, políticas públicas y planes concretos, con responsables identificados, recursos suficientes y evaluación permanente. La Asamblea ha dado un paso. Ahora corresponde al Ejecutivo, a los municipios, a las instituciones educativas, al sector privado y a la sociedad demostrar que una buena ley no terminará convertida en letra muerta.