¿No hubo revisión exhaustiva de requisitos en selección de Comisión Ciudadana? Esto dice legislador

Las novedades en el desarrollo del concurso para la designación del nuevo fiscal general continúan. Esta vez, en respuesta al asambleísta del correísmo Luis Molina, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) señaló que no hubo un proceso exhaustivo de verificación de la documentación presentada por los postulantes a la la Comisión Ciudadana de Selección. 

El caso tiene relación con la fiscalización impulsada por el legislador y que involucra a la presidenta de esa comisión, Cynthia Jacho. 

“Tras solicitar información sobre presuntas irregularidades en los certificados de formación de Cynthia Jacho, hoy presidenta de la Comisión de Selección para Fiscal General, la propia entidad reconoce que no verificó la autenticidad de los documentos ni la existencia jurídica de AINAGROUP antes de otorgar puntaje”, señaló Molina.

El legislador presentó un documento en el que se indica: “Respecto a la verificación de autenticidad de los certificados emitidos por la entidad denominada AINAGROUP, es pertinente señalar que, de la documentación revisada, no se evidencia que, previo a la asignación de la puntuación, se haya efectuado un proceso exhaustivo de verificación externa sobre la existencia jurídica de dicha entidad o la validez formal de las certificaciones emitidas por la misma”.

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De forma previa, la entidad también señala que la valoración de los certificados presentados se sustentó en los documentos ingresados por los postulantes, los cuales se presumen válidos mientras no exista una objeción formal o evidencia que desvirtúe su autenticidad al momento de la calificación.

¿Qué denunció el asambleísta del correísmo?

El pasado 14 de abril de 2026, Molina anunció que su bancada llevó adelante un proceso de fiscalización. En ese contexto, aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en los certificados de capacitación de Jacho. “Se nos había informado que los certificados que había presentado no tenían la validez ni la regularidad del caso”, dijo Molina ese día.

“Le solicitamos al Ministerio del Trabajo que certifique la existencia de este centro”. Molina señaló que la respuesta fue que no está registrado en esa cartera de Estado. “Adicional a eso, el acuerdo ministerial al que hace referencia no corresponde a AINAGROUP”.

El legislador agregó que las certificaciones no se emiten a través de acuerdos, sino de resoluciones. “Es un hecho grave. La presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente en el concurso de fiscal tiene documentos que no corresponden a la realidad”, mencionó Molina.

Después de la información remitida por el CPCCS, Molina anunció que envió un nuevo pedido al organismo. Esta vez busca una respuesta sobre qué acciones se han tomado frente a estos hechos y qué medidas se adoptarán para determinar posibles responsabilidades.