Ley de eutanasia: ¿qué observaciones hicieron los expertos al proyecto para segundo debate?

La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional recibió este 1 de julio de 2026 nuevos aportes técnicos al proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, que actualmente se encuentra en trámite para segundo debate. Durante la sesión 150 comparecieron especialistas nacionales e internacionales para analizar el alcance constitucional, médico y jurídico de la propuesta.

La jornada, presidida por el asambleísta Juan José Reyes Baquerizo, contó con las intervenciones del abogado constitucionalista Salim Zaidan, la médica colombiana Nora Riani y la jurista española Polonia Castellanos, quienes expusieron observaciones sobre el texto elaborado tras la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó regular el procedimiento de eutanasia en Ecuador.

El debate se centró en aspectos como la interpretación constitucional de la sentencia del caso de Paola Roldán, la objeción de conciencia, los cuidados paliativos, la creación de nuevos delitos, la participación de menores de edad, los mecanismos de control y las experiencias internacionales tras la aprobación de leyes similares.

¿Existe un derecho a la eutanasia en la Constitución ecuatoriana?

El primero en intervenir fue el constitucionalista Salim Zaidan, quien sostuvo que, a su criterio, la Constitución ecuatoriana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional no reconocen expresamente un derecho a la eutanasia ni un derecho autónomo a la muerte digna.

La respuesta es no, no existe el derecho a la eutanasiaSalim Zaidan, constitucionalista

El jurista explicó que, durante la demanda presentada por Paola Roldán contra el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la referencia al derecho a morir dignamente fue un argumento planteado por la parte accionante, pero no un reconocimiento efectuado por la Corte Constitucional.

Según detalló, los párrafos 31 y 32 de la sentencia aclaran que la Corte desestimó el cargo relacionado con un supuesto derecho a la muerte digna y únicamente emitió una sentencia de constitucionalidad condicionada respecto al delito de homicidio simple, sin modificar el contenido del artículo 144 del COIP.

Las observaciones al articulado del proyecto de ley

Tras revisar el contenido del proyecto, Zaidan consideró que la estructura general de la propuesta está bien desarrollada, aunque advirtió contradicciones que, en su criterio, deberían corregirse antes del segundo debate.

Una de ellas corresponde a la definición de enfermedad grave e incurable, que actualmente exige un pronóstico de vida inferior a seis meses. El especialista advirtió que ese requisito podría excluir a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padecía Paola Roldán.

"Mi recomendación es eliminar toda referencia a plazos de supervivencia para estar acorde con el estándar constitucional", manifestó.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la incorporación de nuevos delitos dentro del proyecto. El constitucionalista sostuvo que una ley destinada a regular un procedimiento sanitario no debería crear figuras penales, sino remitir los incumplimientos a los tipos ya previstos en el Código Orgánico Integral Penal.

"Una ley de naturaleza regulatoria no es el medio idóneo para tipificar conductas socialmente reprochables como delitos", indicó.

Menores de edad, objeción de conciencia y control del procedimiento

Zaidan también planteó abrir el debate sobre la exclusión de niños, niñas y adolescentes del proyecto. Explicó que la limitación a mayores de edad podría generar cuestionamientos respecto al principio de autonomía progresiva reconocido en estándares internacionales.

Como referencia, sugirió revisar la legislación de Bélgica y Países Bajos, donde existen regímenes diferenciados para menores bajo estrictos requisitos médicos, psicológicos y familiares.

En materia de objeción de conciencia, sostuvo que el proyecto requiere mayor precisión para establecer si este derecho corresponde únicamente al profesional de salud o también puede ser ejercido por instituciones privadas con orientación religiosa.

"La objeción de conciencia puede darse a título individual (...) o también por parte del establecimiento", explicó.

Asimismo, recomendó definir si Ecuador adoptará un sistema de control previo o posterior para supervisar los procedimientos eutanásicos, tomando como referencia modelos europeos donde una comisión revisa cada caso después de ejecutado el procedimiento.

El debate sobre los cuidados paliativos

La médica especialista colombiana Nora Riani, con experiencia en bioética y cuidados paliativos pediátricos, centró su exposición en la necesidad de fortalecer la atención integral antes de considerar la eutanasia como alternativa.

Durante su intervención explicó que los cuidados paliativos constituyen un abordaje multidisciplinario orientado a aliviar el sufrimiento físico, emocional y espiritual de pacientes con enfermedades graves, crónicas o terminales.

"El dolor no tiene que ser soportado hasta el punto de no querer vivir y eso es un fracaso", afirmó.

Riani sostuvo que, según su experiencia clínica y estudios presentados en el Congreso Regional de Bioética realizado en Quito en 2024, los pacientes que reciben acceso adecuado a cuidados paliativos suelen desistir de solicitar procedimientos eutanásicos.

La especialista también defendió el fortalecimiento de los comités hospitalarios y la protección de la objeción de conciencia para todos los profesionales involucrados en la atención sanitaria, así como para instituciones privadas con una filosofía médica determinada.

"Los médicos estamos para acompañar, aliviar, curar y rehabilitar, pero no estamos llamados a matar", expresó.

La experiencia de España y el caso de Noelia

Desde España intervino la abogada Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, quien expuso el caso de Noelia, una joven de 25 años cuya eutanasia generó amplio debate judicial y político en ese país.

Castellanos explicó que la joven padecía trastorno límite de la personalidad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo e inteligencia límite. Según su relato, la solicitud de eutanasia respondió a un contexto de intentos suicidas previos y no a una enfermedad terminal.

La jurista cuestionó que la autorización fuera tramitada por una médica intensivista y coordinadora de trasplantes, lo que, según dijo, generó dudas sobre un posible conflicto de intereses relacionado con la donación de órganos.

"La voluntad de Noelia estaba viciada, estaba alterada por sus trastornos", sostuvo.

La representante española relató que la familia intentó detener judicialmente el procedimiento y solicitó tratamiento especializado para la paciente, aunque finalmente la eutanasia fue ejecutada.

Las advertencias que dejó España al debate ecuatoriano

Como conclusión de su comparecencia, Castellanos pidió que Ecuador incorpore mayores garantías antes de aprobar una regulación definitiva sobre eutanasia.

Entre sus principales recomendaciones planteó que toda solicitud sea evaluada mediante informes psiquiátricos que acrediten una voluntad libre; evitar conflictos de intereses entre eutanasia y donación de órganos; conformar comités realmente independientes y garantizar previamente el acceso efectivo a tratamientos y cuidados paliativos.

"La eutanasia tiene que ser la última opción, no la primera", enfatizó.

Antes de finalizar su intervención, pidió a los legisladores aprender de la experiencia española para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

"Por favor, aprendan de todos los errores que cometimos en España para que no haya más Noelias", concluyó.

La Comisión de Salud continuará recibiendo observaciones técnicas antes de elaborar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, que deberá ser discutido posteriormente por el Pleno de la Asamblea Nacional.