Organizaciones por los Derechos Humanos piden investigar caso de niños desaparecidos en Conocoto

La madrugada del 27 de junio de 2026, ocho menores salieron de la Casa Hogar María Campi de Yoder en Conocoto mientras el personal realizaba actividades previas al desayuno. Según el pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos, seis de ellos ya fueron ubicados y dos permanecen bajo búsqueda activa mediante la Alerta Emilia.

El hecho ocurrió en un centro administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano, encargado de la protección de menores separados de sus familias. Tras el incidente, se desplegaron acciones estatales que incluso incluyeron presencia militar en los exteriores del establecimiento.

En los días posteriores también se reportó que otros menores habrían intentado abandonar el mismo centro escalando una pared perimetral.

La situación expuso nuevamente la fragilidad de los controles internos dentro de esta casa de acogida ubicada en Conocoto.

Estos espacios cumplen la función de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad familiar. Sin embargo, los recientes eventos han puesto en duda la efectividad de los protocolos de seguridad aplicados en el lugar.

Crisis recurrente en el sistema de acogimiento

El caso no es aislado, según la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, que recuerda otros antecedentes de crisis en centros similares. En 2024, hechos registrados en el centro “Buen Vivir” de Macas derivaron en una resolución legislativa que ordenó fiscalización permanente del sistema. Actualmente, el país cuenta con 86 unidades de acogimiento institucional y más de 1.400 menores bajo protección estatal. Varias de estas unidades presentan deficiencias en infraestructura y falta de personal especializado, según reportes oficiales.

En 2025, denuncias de 21 adolescentes de la Casa Hogar Enríquez Gallo alertaron sobre presuntos maltratos y vulneración de derechos. Estas quejas fueron corroboradas por instancias como la Defensoría del Pueblo y una comisión legislativa especializada. El informe parlamentario evidenció limitaciones en los mecanismos de escucha directa a los adolescentes dentro del sistema. Esto reaviva la preocupación sobre la capacidad real de supervisión en los centros de acogida.

Debate sobre el rol del Estado y la protección

Las organizaciones advierten que la institucionalización debe ser una medida excepcional y no permanente en la vida de los menores. Citan además que el acogimiento no implica restricción de libertad, aunque en la práctica puede generar condiciones de aislamiento. “no constituye un régimen de privación de libertad”, recuerda el documento en referencia a criterios legales vigentes. El debate se centra en la responsabilidad del Estado como garante directo de derechos cuando asume la custodia.

El Comité de los Derechos del Niño ha insistido en la necesidad de reducir progresivamente la institucionalización en el país. También ha recomendado fortalecer el personal técnico y los recursos destinados a alternativas de cuidado familiar. A nivel internacional, se enfatiza que el Estado es responsable directo de la integridad de los menores bajo su protección. Esto incluye supervisión constante y garantías de condiciones adecuadas en cada centro de acogida.

Exigencias y pedidos de intervención urgente

Las organizaciones piden a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación inmediata sobre las condiciones del centro en Conocoto. Solicitan además visitas in situ para verificar el estado de los menores y activar medidas de protección. El objetivo es establecer responsabilidades y prevenir nuevas vulneraciones dentro del sistema de acogida. También exigen seguimiento continuo hasta la localización total de los dos menores aún desaparecidos.

A la Junta Metropolitana de Protección de Derechos se le solicita conformar un equipo independiente de investigación. Este equipo debería evaluar los casos de escape y escuchar directamente a los menores involucrados en los hechos. La propuesta incluye revisar posibles fallas institucionales dentro del centro de acogida. Se busca garantizar que las decisiones se tomen sin conflictos de interés con entidades administradoras.

El Ministerio de Desarrollo Humano también ha sido requerido para transparentar las condiciones técnicas y de personal del centro., Las organizaciones piden información detallada sobre cumplimiento de normas de atención y protocolos de seguridad. Asimismo, la Asamblea Nacional debe reforzar el control político sobre el sistema de acogimiento.

El llamado final apunta a una reforma estructural que evite que hechos similares vuelvan a repetirse.