Juicio político a Inés Manzano: cuáles son las acusaciones y qué viene ahora

La Asamblea Nacional dio paso al trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un proceso impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) que vuelve a poner bajo la lupa la gestión estatal durante la crisis eléctrica de 2024.

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El pedido de enjuiciamiento político, presentado el 27 de mayo de 2026 por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, se sustenta en una presunta responsabilidad política por incumplimiento de funciones.

El eje de las acusaciones está en la contratación de proyectos de generación eléctrica emergente, específicamente en Salitral y Quevedo, adjudicados a la empresa estadounidense Progen Industries LLC. 

De acuerdo con el expediente legislativo, estos contratos —por alrededor de 149,1 millones de dólares— formaban parte de las medidas para enfrentar la crisis energética que atravesaba el país en 2024. 

Los proponentes sostienen que Manzano, quien asumió el ministerio el 30 de agosto de 2024, habría incumplido sus obligaciones al no garantizar una adecuada supervisión y control de estos procesos. 

Además, se argumenta que su actuación podría contravenir varios artículos constitucionales relacionados con la administración eficiente y transparente de los recursos públicos y el manejo de sectores estratégicos.

En paralelo, el llamado caso Progen también está bajo investigación penal por un posible perjuicio al Estado que bordearía los 104 millones de dólares, aunque Manzano no enfrenta cargos judiciales hasta el momento.

Un segundo intento del correísmo

Este no es el primer intento de llevar a Manzano a juicio político. En 2025, un pedido similar fue archivado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a falta de respaldo suficiente.

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La nueva solicitud llega con un mayor número de firmas y en un contexto distinto: la exministra ya dejó el cargo en abril de 2026, lo que permite continuar el proceso hasta un año después de haber ejercido funciones, según la normativa vigente.

El impulso de la RC ocurre en medio de cuestionamientos más amplios a la gestión gubernamental durante la crisis eléctrica, mientras el oficialismo ha advertido sobre el riesgo de politizar un caso que todavía tiene aristas judiciales abiertas.

Primer filtro superado: el rol del CAL

El 1 de junio de 2026, el CAL calificó la solicitud, es decir, verificó que cumple con los requisitos formales para iniciar el trámite. 

Esta calificación no implica una decisión sobre el fondo del caso, sino que habilita el siguiente paso dentro del proceso legislativo: el análisis en la Comisión de Fiscalización.

¿Qué viene ahora?

Con el expediente ya remitido, la Comisión de Fiscalización se convierte en el órgano clave en esta etapa. Este organismo tiene un plazo inicial de alrededor de cinco días para conocer la documentación y decidir si admite el trámite.

Si la comisión decide avanzar, el proceso entrará en una fase más extensa que incluye:

Finalmente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se resolverá si procede o no la censura política

Para que exista sanción —que puede implicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo determinado— se requiere una mayoría absoluta de votos legislativos.