Daniel Noboa Azin endurece control carcelario: clasificación de presos y más poder al SNAI

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 366, con el que expide el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La norma redefine la organización, funcionamiento y ejecución de políticas en el sistema penitenciario, con énfasis en rehabilitación y reinserción social.

El documento establece que el reglamento regula la privación de la libertad, la ejecución de penas, los mecanismos de rehabilitación integral y los procesos de reinserción de personas privadas de libertad. También determina que su aplicación es obligatoria en todo el país, tanto para el organismo técnico como para las entidades vinculadas al sistema.

Presos ubicados según el nivel de peligrosidad

Uno de los cambios más relevantes es la implementación de un sistema de clasificación de personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad. Esta medida busca evitar la mezcla de perfiles criminales y reducir los niveles de violencia dentro de los centros.

El reglamento también refuerza el control interno. Establece acciones para prevenir motines, mejorar la vigilancia y responder con mayor rapidez ante situaciones de riesgo. Además, contempla el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria para detectar amenazas antes de que escalen.

El SNAI adquiere más poder

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) asume un rol central. La entidad estará dirigida por una autoridad designada por el Ejecutivo y tendrá a su cargo la administración de los centros, la seguridad, la organización de visitas y la coordinación con la Policía y Fuerzas Armadas en casos críticos.

En paralelo, el decreto mantiene el enfoque en rehabilitación. Incluye programas educativos, proyectos productivos y seguimiento posterior al cumplimiento de la pena, con el objetivo de reducir la reincidencia y facilitar la reinserción social.

La normativa también abre la puerta a mejorar la infraestructura penitenciaria, con la construcción, adecuación y mantenimiento de centros, así como la implementación de sistemas tecnológicos para el control y la seguridad.

Crisis penitenciaria 

En el plano legal, el Decreto 366 deroga el Decreto 560 de 2018 y otras disposiciones vigentes, lo que implica un rediseño completo del marco normativo del sistema penitenciario. Además, fija plazos para la emisión de regulaciones específicas sobre vigilancia electrónica, economatos y funcionamiento interno.

El Gobierno plantea este reglamento como una respuesta a la crisis carcelaria que atraviesa el país, marcada por violencia, falta de control estatal y problemas estructurales.Solo en 2025 murieron 1.220 personas dentro de las cárceles de Ecuador, según Ecuador Chequea.

En materia de ejecución, el reglamento incluye la obligación de registrar indultos o amnistías en sistemas institucionales y establece la coordinación con la Función Judicial para el archivo de expedientes cuando corresponda.

Plazos cortos para cambios sensibles

El decreto fija plazos concretos para la emisión de normativa secundaria. El organismo técnico contará con seis meses para desarrollar regulaciones generales y dos meses para normas específicas sobre vigilancia electrónica (aplicación del grillete electrónico), economatos y cabinas telefónicas. A su vez, el Consejo de la Judicatura deberá emitir directrices en un plazo máximo de diez días para implementar dispositivos de control.