Gobierno ensaya un modelo de reordenamiento en las cárceles que ahora está puesto a prueba

En abril de 2026, el Estado ecuatoriano dio un giro significativo en su política penitenciaria. La Roca, una prisión concebida originalmente como recinto de máxima seguridad para hombres, pasó a albergar a mujeres consideradas de alta peligrosidad.

El traslado de 62 internas provenientes de nueve cárceles del país no solo implicó un cambio en el uso de la infraestructura, sino que envió una señal clara de reorganización forzada en un sistema penitenciario que arrastra una crisis estructural desde, al menos, 2021.

La decisión se ejecutó semanas después de que entrara en operación plena la Cárcel del Encuentro, el nuevo centro de máxima seguridad ubicado en Santa Elena, diseñado para concentrar a los internos (principalmente hombres) considerados de mayor riesgo y liderazgo criminal. 

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El contexto abre una pregunta de fondo: ¿se trata de una estrategia sostenida de reforma o de una respuesta reactiva frente a la violencia, las fugas y el debilitamiento institucional?

El origen de La Roca

Construida en 2008, La Roca fue concebida como el símbolo del control absoluto del Estado sobre el sistema penitenciario. Sin embargo, su historial está marcado por episodios que erosionaron esa narrativa, entre ellos la fuga de 18 reclusos en 2013, varios de los cuales posteriormente se consolidaron como líderes del crimen organizado.

Ese antecedente convirtió a La Roca en un emblema ambivalente: oficialmente, una cárcel de élite; socialmente, un recordatorio del fracaso del control penitenciario. 

Entre 2021 y 2024, Ecuador registró cerca de 500 fugas de personas privadas de libertad, incluso bajo estados de excepción y procesos de militarización, según cifras del entonces SNAI. 

Para Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College y exdirector de inteligencia, los cambios no son estructurales. “El tema carcelario, a mi criterio, no presenta mayores variaciones. Me refiero específicamente a las soluciones estructurales y a la infraestructura en los centros de privación de libertad, y en ese ámbito no hay avances sustanciales. Lo único que se ha evidenciado es la puesta en funcionamiento de un nuevo centro carcelario, denominado El Encuentro, que -según se afirma- estaría operando al 100 % y de manera eficiente. Sin embargo, tengo serias dudas respecto a esta situación, porque es el mismo personal del SNAI el que administra este centro y los guías penitenciarios fueron trasladados desde otros centros del país. Esto no me garantiza, de ninguna manera, que estemos frente a un éxito total”. 

Sobre las cárceles para mujeres

Hasta 2026, Ecuador no contaba con una cárcel de máxima seguridad diseñada específicamente para mujeres. Las internas vinculadas a organizaciones criminales, lavado de activos, extorsión o delitos de alto impacto convivían en centros que no diferenciaban perfiles de riesgo, una omisión que -según especialistas- permitió la reproducción de estructuras delictivas desde cárceles femeninas. 

La criminóloga Ivanna Ramírez, investigadora en derecho penal, explica que la ausencia de segmentación por niveles de peligrosidad “replicó errores históricos del sistema penitenciario masculino y dejó intactas redes de mando indirecto”. 

Entre las 61 mujeres trasladadas a La Roca figuran perfiles diversos: condenadas por asesinatos de alto impacto, procesadas por lavado de activos, personas vinculadas directamente con líderes del crimen organizado, e incluso exfuncionarias judiciales sentenciadas por delincuencia organizada. 

Este abanico refleja un cambio conceptual en la política penitenciaria, donde la peligrosidad ya no se define únicamente por la violencia directa, sino también por la capacidad de influencia, articulación y control criminal. 

Pazmiño insiste en que las medidas actuales no atacan el núcleo del conflicto: “El verdadero problema del sistema penitenciario solo se soluciona mediante una reingeniería integral de todo el sistema carcelario, no con acciones aisladas o la creación de pequeños centros de alta seguridad. El problema persiste en los demás centros de privación de libertad, que siguen siendo los principales centros de gravedad del crimen organizado”. 

Reorganización en los centros penitenciarios

La apertura de la Cárcel del Encuentro permitió liberar La Roca y redefinir su función. El nuevo esquema apuesta a una separación funcional clara: El Encuentro con hombres considerados líderes de organizaciones criminales. La Roca con mujeres de alto valor estratégico. La politóloga Katherine Herrera Aguilar, especialista en seguridad y defensa, advierte que “redistribuir internos sin reformar el gobierno carcelario solo cambia el lugar del problema”.

Mujeres de alta peligrosidad: un vacío histórico

Entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, el Ministerio del Interior de Ecuador ejecutó el traslado de 62 personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.º 3, conocido como La Roca. 

Las mujeres trasladadas enfrentan procesos o condenas por delitos como: delincuencia organizada, asesinato, tráfico de drogas, lavado de activos, asociación ilícita y peculado. 

Entre las internas trasladadas se encuentran mujeres vinculadas a casos mediáticos y organizaciones criminales del país. Simuy Lozano Salabarria, conocida como “La Barbie del Sur”, fue condenada por el intento de asesinato de la modelo Angie Silva. El ataque ocurrió el 28 de junio de 2015, en los exteriores de una discoteca de Guayaquil. 

Andreína Lamota Solís fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre, Martha Solís. Diana Carolina González Arreaga, modelo e influencer de 27 años, fue detenida el 10 de marzo por su presunta vinculación con una banda dedicada a extorsiones en Machala. Entre las trasladadas también figura Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. Además, Carmen Yolanda Usca Paguay, Blanca Yesenia Gómez Bajaña y Karla Fernanda Mera Méndez.

Para el sociólogo Diego Puente autor de estudios sobre violencia penitenciaria, el desafío es simbólico y práctico: “Mientras La Roca siga asociada a fugas históricas, el mensaje estatal es frágil. El reto no es el edificio, sino la gobernanza”.