Educación pública Ecuador: UNE denuncia designaciones “a dedo” en cargos directivos

La Unión Nacional de Educadores (UNE) cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa y a su movimiento ADN por la asignación temporal de cargos directivos en la educación pública de Ecuador. El pronunciamiento, emitido el 21 de abril de 2026 en Quito, señala que estas designaciones se realizan mediante el Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2026-00022-A. Según la organización, la medida vulnera normas legales vigentes. Además, advierte que el mecanismo permitiría intervenir en la estructura educativa sin concursos de mérito.

El comunicado sostiene que el Ministerio de Educación delegó a autoridades zonales y distritales la facultad de nombrar directivos. Esto incluiría rectores, vicerrectores, directores, subdirectores e inspectores en instituciones fiscales. La UNE afirma que estos cargos deben asignarse mediante procesos transparentes. También recalca que la normativa exige igualdad de oportunidades en la carrera docente.

En ese contexto, el gremio cita el contenido del acuerdo para sustentar su denuncia. “asignación temporal de funciones directivas de las instituciones educativas fiscales de sus respectivas jurisdicciones”, indica el texto oficial. La organización asegura que este mecanismo reemplaza concursos formales. A su juicio, esto abre la puerta a designaciones discrecionales.

Denuncia de irregularidades en designaciones docentes en Ecuador

La UNE sostiene que la decisión contradice la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Señala que los artículos 108 y 109 establecen concursos de méritos y oposición para estos cargos. Además, recuerda que los encargos temporales solo proceden en casos específicos. Entre ellos, renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento del titular.

El gremio también advierte que el reglamento general de la LOEI estaría siendo incumplido. En particular, el artículo 259 establece condiciones para las asignaciones temporales. Sin embargo, la UNE afirma que estas disposiciones no se estarían respetando. Denuncia que las designaciones se realizan sin los procesos previos requeridos.

En ese punto, el comunicado recoge otra cita textual clave del reglamento. “podrá asignar a un docente el ejercicio de funciones directivas mediante oficio (…) previo a la conformación de la terna y análisis correspondiente”. La UNE asegura que este procedimiento no se cumple. Afirma que las designaciones se hacen sin ternas y con personal externo.

UNE advierte incumplimiento de sentencias constitucionales

La organización también vincula estas acciones con un presunto desacato a fallos judiciales. Señala que el acuerdo se aplica en un contexto de incumplimiento de la Sentencia 136-23-IS/25. Esta resolución de la Corte Constitucional se emitió el 13 de noviembre de 2025. Según la UNE, el fallo exigía corregir irregularidades en concursos docentes.

El gremio sostiene que el Ministerio de Educación ya había sido observado por declarar desiertos procesos de selección. Esto, según el comunicado, impedía garantizar el acceso transparente a cargos directivos. La Corte habría considerado estas prácticas como obstáculos al cumplimiento del fallo. Para la UNE, la situación actual profundiza ese problema.

Además, la organización interpreta estas decisiones como parte de una estrategia política. Afirma que existe una concentración de poder en distintas funciones del Estado. Menciona organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. Según el gremio, ahora esta influencia se extendería al sistema educativo.

Críticas por posible politización del sistema educativo

El comunicado advierte que la política aplicada afectaría la calidad educativa. Señala que se debilita la profesionalización docente al reemplazar concursos por designaciones directas. También alerta sobre riesgos para la autonomía institucional. La UNE considera que esto limita la independencia de las instituciones educativas.

En ese sentido, el gremio cuestiona que los planteles puedan convertirse en espacios de subordinación política. Defiende que deben ser entornos de pensamiento crítico y libertad pedagógica. Además, insiste en la necesidad de garantizar procesos transparentes. Para la organización, el respeto a la ley es clave para la estabilidad del sistema.

Finalmente, la UNE exige cambios inmediatos en la política aplicada. Solicita que se respete la LOEI y se retomen los concursos de méritos y oposición. También pide el cumplimiento de la sentencia constitucional vigente. Asimismo, demanda el fin de cualquier forma de control político en la educación pública.