El CPCCS, entre el cura que cobraba en oro a malabares por la Judicatura, avanza a su renovación

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene 17 años de existencia, desde que la Constitución de Montecristi lo creó en 2008 y comenzó a operar en 2009. En ese tiempo ha acumulado un 71% de desaprobación ciudadana, según Click Report, hasta abril del 2026, la peor calificación entre ocho instituciones del Estado medidas. Sin embargo, 309 personas se inscribieron este año para disputarse sus siete vocalías: más del doble que en 2019 y casi el triple que en 2023. La institución menos confiable del país es, al mismo tiempo, la más codiciada.

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El CPCCS no llegó al mundo como un árbitro neutral. La prueba más grotesca se vio con su presidente: José Carlos Tuárez. El ‘cura Tuárez’ llegó al cargo presentándose como un religioso sin pasado político y usó luego su investidura para vender puestos públicos en al menos siete instituciones: Aviación Civil, Aduanas, Petroecuador, hospitales del Estado, a cambio de dinero, esmeraldas y hasta barras de oro, según determinó la Fiscalía. Fue destituido y sentenciado a cinco años de cárcel por asociación ilícita. El ‘quinto poder’ ideado para combatir la corrupción tuvo, en su propia cúpula, una red que la comercializaba al por mayor.

Diecisiete años después, el patrón se repite con otros nombres. El CPCCS designó en 2025 a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, tras desechar impugnaciones y descalificar a un postulante rival de la terna. Hoy Godoy enfrenta una investigación de la Fiscalía por delincuencia organizada, fraude procesal y tráfico de influencias. El ‘ciudadano incontaminado’ que imaginó Montecristi para el CPCCS terminó, otra vez, señalado de mover fichas dentro del sistema que debía controlar.

A la par, la demora en designar autoridades ha sido crónica. El CPCCS mantiene paralizados seis concursos públicos esenciales, entre ellos la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo proceso se retrotrajo por fallos técnicos, y la designación del nuevo fiscal general del Estado, estancada por falta de votos en el pleno; un escenario de bloqueo institucional que obliga a los vocales electorales a operar bajo funciones prorrogadas desde el fin de su mandato regular, en noviembre de 2024.

Ese es, quizá, el efecto más corrosivo del CPCCS, institución que no solo decide autoridades, también administra los tiempos del poder. Al atrasar concursos, bloquear ternas o estancar designaciones entre impugnaciones, informes técnicos y mayorías cambiantes, no solo el país entra en pausa, sino sus instituciones que, además, quedan sometidas a una provisionalidad conveniente.

Los intentos de eliminar al CPCCS

Lo llamativo es que, pese a todo esto, el CPCCS ha sobrevivido a tres intentos formales de eliminación en apenas 17 años. En 2019, el movimiento Ahora y un comité ciudadano con más de 200.000 firmas llevaron la propuesta a la Corte Constitucional. En 2021 la Asamblea la rechazó, con el bloque correísta votando en contra de disolver la institución. En 2023, Guillermo Lasso sometió a consulta popular quitarle al Consejo la facultad de nombrar autoridades. El No ganó con más del 57%. Ninguno de los tres intentos prosperó.

Ahí está la clave que ni el escándalo ni el fastidio ciudadano explican del todo. El CPCCS no sobrevive pese a su mala fama, sino gracias a lo que representa. Es la llave que abre 17 instituciones de control del Estado. Del cura que cobraba en oro al presidente investigado por su elección en la Judicatura, la historia de este organismo se repite en cada década. Quien lo captura, controla el aparato entero de fiscalización del país. Esa disputa sigue abierta hoy mismo.

Los candidatos al CPCCS

Los 309 postulantes inscritos este año (récord frente a los 201 de 2019 y los 182 de 2023) compiten por un cargo que, en paralelo, vuelve a estar bajo la lupa, con una nueva propuesta de reforma constitucional que evalúa transferir sus facultades de designación a otras funciones del Estado.

La evidencia de estos 17 años sugiere que el problema es la ficción que sostiene al organismo desde su origen: creer que una institución elegida en medio de intereses políticos podía repartir el poder de control como si estuviera por fuera de la política.