Transparencia a cuentagotas
Contralor podría enfrentar destitución por restricciones en acceso a declaraciones de bienes
Normativa constitucional contempla sanciones para servidores públicos ante incumplimiento de sentencias. La Corte Constitucional emitió dictamen en 2024
El contralor Xavier Torres, en una entrevista con este Diario, en 2023.
Lo que debes saber sobre esta historia
- La Corte Constitucional puede sancionar el incumplimiento de sus sentencias con la destitución de funcionarios públicos.
- Cualquier persona puede presentar una acción de incumplimiento para activar ese proceso.
- La Contraloría modificó el Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas.
Las recientes restricciones en el acceso al portal de declaraciones juramentadas de bienes de la Contraloría General del Estado han abierto un debate no solo sobre transparencia, sino también sobre posibles responsabilidades legales.
El constitucionalista Ismael Quintana sostiene que el acuerdo emitido desde la Contraloría sobre este sistema “inobserva e incumple” parámetros fijados por la Corte Constitucional en un precedente de 2024, que estableció lineamientos para garantizar el acceso a la información pública.
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"De este modo, desde mi punto de vista, el acuerdo que expidió el contralor sobre el tema de las declaraciones patrimoniales juradas inobserva e incumple estos parámetros de la Corte Constitucional. En ese contexto, entonces, la corte podría sancionar el incumplimiento de esta sentencia, de esta decisión a través de dos vías", mencionó Quintana.
¿Qué dice la sentencia de la Corte (21-23-IN/24)?
- Aceptar parcialmente la acción pública de inconstitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad de la disposición transitoria novena. Por lo tanto, se la expulsa del ordenamiento jurídico y, como consecuencia, a partir de la emisión de esta decisión, todos los sujetos obligados por la LOTAIP deben prescindir de forma inmediata de los formularios web con los datos de los solicitantes, pues la información detallada en el artículo 19 de la LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública) debe encontrarse disponible en sus canales de información sin necesidad de un requisito previo.
- Recordar a las instituciones públicas y a los sujetos obligados por la LOTAIP su obligación en torno a garantizar el acceso a la información pública, principalmente, su deber de divulgar y actualizarla por lo menos mensualmente, hacer accesible y de fácil comprensión, en formato de datos abiertos a la información contenida en el artículo 19 de la LOTAIP.
Las vías hacia una eventual destitución
Según Quintana, existen dos mecanismos que podrían derivar en sanciones contra el contralor, Xavier Torres.
El primero es la acción de incumplimiento de sentencia, que puede ser presentada por cualquier persona. Este recurso busca que la Corte Constitucional declare el incumplimiento y sancione al responsable, incluso con la destitución del cargo. “Es una acción que tiene una legitimación absolutamente amplia”, explica el jurista.
El segundo mecanismo es la verificación del cumplimiento de sentencias, que la Corte puede activar de oficio o a petición de parte. Quintana recuerda que este procedimiento ha sido utilizado en el pasado para destituir a funcionarios, incluso a autoridades electas.
En ambos casos, la Corte podría determinar si las decisiones adoptadas por la Contraloría vulneran los parámetros establecidos en su jurisprudencia.
Lo que dice la ley
El marco legal contempla sanciones claras frente al incumplimiento de decisiones constitucionales.
El artículo 86 de la Constitución establece que, si una sentencia no es cumplida por servidores públicos, la autoridad judicial debe ordenar su destitución, sin perjuicio de otras responsabilidades.
En la misma línea, el artículo 22 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales dispone que, ante el incumplimiento de una sentencia, se debe iniciar un procedimiento para la eventual destitución del funcionario responsable.
Además, el artículo 97 del reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional detalla el trámite para las acciones de incumplimiento, que pueden concluir con una sentencia que declare la infracción y disponga sanciones.
Una lectura adicional
El constitucionalista André Benavides precisa que lo que debería pasar es que el reglamento con el que se hicieron los cambios "debería ajustarse a lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública, a la Ley de Protección de Datos Personales y algunos parámetros no vinculantes de esta sentencia de la Corte Constitucional".
"Con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a esa información para hacer un control social de aquello, pero también que eso no suponga que cualquiera puede ingresar a los datos y para más adelante extorsionar a la persona, etc.".
Trayectoria. En la Universidad Nacional de Loja obtuvo los títulos de ingeniero comercial y licenciado en Jurisprudencia. Tiene 14 años en la Contraloría.
Quintana señala que la eventual responsabilidad recaería en quien emitió el acuerdo que modificó el acceso a la información.
“En este caso, sancionarlo con la destitución por haber ejecutado un acto que incumple el parámetro jurisprudencial”, explica, al referirse a la autoridad que dispuso las nuevas condiciones del sistema.
Política
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Pedidos de información y entrevista
EXPRESO ha solicitado en reiteradas ocasiones información y entrevistas con el contralor, a través de su departamento de Comunicación. Por ejemplo, el 15 de abril, se buscó respuestas sobre el supuesto ataque informático que reportó esa entidad como antecedente de los cambios ejecutados. Este Diario buscaba conocer si se presentó una denuncia en la Fiscalía, el tipo de incidente, entre otros detalles. Ese y otros pedidos no han tenido respuesta.
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